miércoles, 30 de agosto de 2017
Los trabajadores, vendidos: El 84% de los convenios no tienen cláusula de revisión salarial
Con datos oficiales, sólo un 16% de los convenios tienen cláusula de revisión. Hace diez años, lo tenían la mitad. Y si nos remontamos más lejos -a los Pactos de la Moncloa, firmados en 1977 y uno de los pilares de la 'modélica' transición hacia la actual monarquía- la pérdida de poder adquisitivo era imposible: los aumentos salariales se calculaban según la inflación pasada, es decir, la real, y el sueldo estaba garantizador por cláusulas de revisión prácticamente en todos los sectores.
De aquellos polvos estos lodos. Dos factores han sido clave en la situación actual de pérdida constante de poder adquisitivo y derechos laborales de la clase trabajadora. Por una parte, la política de los distintos gobiernos desde entonces -ya fueran de UCD, PSOE o PP- que han venido aplicando sucesivas contrarreformas laborales. Por otra, la política de conciliación de los grandes sindicatos: las acomodadas direcciones de CCOO y UGT no han dejado de firmar pactos de "moderación salarial" con las patronales, al tiempo que desmovilizaban a los trabajadores.
Aunque el artículo que difundimos firmado por Manuel V. Gómez para El País no analice ese contexto, es ilustrativo en relación a las consecuencias de todo ello y, añadimos también nosotros, a la necesidad de que la clase trabajadora, con el sindicalismo alternativo como herramienta, retome su organización y movilización.
Ocho de cada diez convenios no garantizan el poder adquisitivo. Si los precios suben más que los sueldos, la gran mayoría de convenios no tiene una cláusula que garantice el poder adquisitivo de los asalariados. El 83,6% carece de un mecanismo que haga subir los salarios a la par que la inflación, según el Ministerio de Empleo. Este dato evidencia que esta cláusula, que vincula las subidas salariales a la evolución de los precios, se usa muchísimo menos que hace una década, cuando la mitad de convenios sí tenía la salvaguarda. Los datos divulgados recogen un incremento salarial medio pactado del 1,33%, un porcentaje que supera en unas décimas la inflación prevista para final de año.
De aquellos polvos estos lodos. Dos factores han sido clave en la situación actual de pérdida constante de poder adquisitivo y derechos laborales de la clase trabajadora. Por una parte, la política de los distintos gobiernos desde entonces -ya fueran de UCD, PSOE o PP- que han venido aplicando sucesivas contrarreformas laborales. Por otra, la política de conciliación de los grandes sindicatos: las acomodadas direcciones de CCOO y UGT no han dejado de firmar pactos de "moderación salarial" con las patronales, al tiempo que desmovilizaban a los trabajadores.
Aunque el artículo que difundimos firmado por Manuel V. Gómez para El País no analice ese contexto, es ilustrativo en relación a las consecuencias de todo ello y, añadimos también nosotros, a la necesidad de que la clase trabajadora, con el sindicalismo alternativo como herramienta, retome su organización y movilización.
Ocho de cada diez convenios no garantizan el poder adquisitivo. Si los precios suben más que los sueldos, la gran mayoría de convenios no tiene una cláusula que garantice el poder adquisitivo de los asalariados. El 83,6% carece de un mecanismo que haga subir los salarios a la par que la inflación, según el Ministerio de Empleo. Este dato evidencia que esta cláusula, que vincula las subidas salariales a la evolución de los precios, se usa muchísimo menos que hace una década, cuando la mitad de convenios sí tenía la salvaguarda. Los datos divulgados recogen un incremento salarial medio pactado del 1,33%, un porcentaje que supera en unas décimas la inflación prevista para final de año.
Leer el artículo completo en Kaos en la Red.
martes, 29 de agosto de 2017
CGT AtoS: Contacta con nosotr@s
Si quieres contactar con la Sección Sindical de la CGT en AtoS Spain puedes hacerlo mediante los siguientes medios...
[MAD] Un suicidio cada dos días a causa del paro y los desahucios
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha elaborado un informe con datos oficiales de la Policía. Exigen a Carmena mayor implicación para frenar los desalojos.
Cada cinco horas se produce un suicidio en España a causa de la crisis económica que asola a cientos de miles de familias. En la Comunidad de Madrid se estima que se producen cada 54 horas, siendo los desahucios un foco principal.
Estas cifras suponen unos datos más que dramáticos. La mala situación económica de cientos de miles de familias en España, provoca en muchas ocasiones la pérdida de esperanza de los ciudadanos.
Según un informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, se producen unos 34 suicidios cada semana en el país. Ocupando la Comunidad de Madrid una media de un suicidio cada 54 horas, lo que significa tres a la semana.
La PAH imputa a este terror financiero más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015. Esta dura cifra representa algo menos del cincuenta por ciento de todos los que hay en el país. Lo que significa que la mala situación económica de los afectados o de sus familias es, en muchas ocasiones, el origen de tan dramática decisión.
La pobreza que viven muchas familias españolas resulta más que alarmante. El barómetro del CIS en el mes de julio reafirmó cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía y cómo les afectan directamente, situando el paro, las circunstancias económicas o la administración de la justicia, como principales.
El resto de cuestiones, enmarcadas fuera de las circunstancias económicas, parecen rezagarse a un segundo plano para estas familias. El paro, se sitúa como el principal problema de este país, afectando de primera mano a un 39% de la población.
La posición de Carmena ante los desahucios
Sin trabajo, no hay recursos. Esto supone la falta de una alternativa vital para cientos de miles de familias. Según ha podido saber ECD, por fuentes internas de la PAH, la Policía Municipal en los meses de Enero a Abril, ha actuado hasta en veinte ocasiones diarias, en procedimientos de desalojo o intentos de ello. Esto supone tres veces más al día que las cifras recogidas en el año anterior.
La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado varias veces el fin de los desahucios en la capital. La última vez ha sido fechada para este septiembre. Anunció la detención de más de quince desalojos que se habían previsto para ese mes.
El objetivo de esa suspensión es tratar de dar más tiempo a esas familias para demostrar que se encuentran en esa situación de "vulnerabilidad social" que tanto daño puede llegar a provocar a nivel individual y familiar.
No obstante, varias asociaciones defensoras y protectoras de estas familias, como la PAH, consideran que la función de la alcaldesa ha sido insuficiente y donde no ha querido posicionarse, a pesar de ser consciente de la situación.
Argumentan que lo manifestado hasta ahora por Manuela Carmena está referido a las familias que se encuentran en viviendas públicas de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid). Sin embargo, el grueso de los desalojos forzosos, aseguran, que se encuentra en las ejecuciones hipotecarias ilegales que se llevan a cabo todos los días, en silencio.
Medidas de las asociaciones protectoras
Cada vez son más numerosas las entidades que se encargan de proteger y defender a las familias que se encuentran sumergidas en esta situación. Su principal función es informar a las familias de los mecanismos de defensa con los que cuentan ante esta agobiante circunstancia, para evitar que se llegue a desencadenantes tan dramáticos como el suicidio.
Estas asociaciones como la PAH, se encargan de defender el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada que aparece recogido en la legislación europea e internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la propia Constitución Española de 1978, en su artículo 47.
Cada cinco horas se produce un suicidio en España a causa de la crisis económica que asola a cientos de miles de familias. En la Comunidad de Madrid se estima que se producen cada 54 horas, siendo los desahucios un foco principal.
Estas cifras suponen unos datos más que dramáticos. La mala situación económica de cientos de miles de familias en España, provoca en muchas ocasiones la pérdida de esperanza de los ciudadanos.
Según un informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, se producen unos 34 suicidios cada semana en el país. Ocupando la Comunidad de Madrid una media de un suicidio cada 54 horas, lo que significa tres a la semana.
La PAH imputa a este terror financiero más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015. Esta dura cifra representa algo menos del cincuenta por ciento de todos los que hay en el país. Lo que significa que la mala situación económica de los afectados o de sus familias es, en muchas ocasiones, el origen de tan dramática decisión.
La pobreza que viven muchas familias españolas resulta más que alarmante. El barómetro del CIS en el mes de julio reafirmó cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía y cómo les afectan directamente, situando el paro, las circunstancias económicas o la administración de la justicia, como principales.
El resto de cuestiones, enmarcadas fuera de las circunstancias económicas, parecen rezagarse a un segundo plano para estas familias. El paro, se sitúa como el principal problema de este país, afectando de primera mano a un 39% de la población.
La posición de Carmena ante los desahucios
Sin trabajo, no hay recursos. Esto supone la falta de una alternativa vital para cientos de miles de familias. Según ha podido saber ECD, por fuentes internas de la PAH, la Policía Municipal en los meses de Enero a Abril, ha actuado hasta en veinte ocasiones diarias, en procedimientos de desalojo o intentos de ello. Esto supone tres veces más al día que las cifras recogidas en el año anterior.
La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado varias veces el fin de los desahucios en la capital. La última vez ha sido fechada para este septiembre. Anunció la detención de más de quince desalojos que se habían previsto para ese mes.
El objetivo de esa suspensión es tratar de dar más tiempo a esas familias para demostrar que se encuentran en esa situación de "vulnerabilidad social" que tanto daño puede llegar a provocar a nivel individual y familiar.
No obstante, varias asociaciones defensoras y protectoras de estas familias, como la PAH, consideran que la función de la alcaldesa ha sido insuficiente y donde no ha querido posicionarse, a pesar de ser consciente de la situación.
Argumentan que lo manifestado hasta ahora por Manuela Carmena está referido a las familias que se encuentran en viviendas públicas de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid). Sin embargo, el grueso de los desalojos forzosos, aseguran, que se encuentra en las ejecuciones hipotecarias ilegales que se llevan a cabo todos los días, en silencio.
Medidas de las asociaciones protectoras
Cada vez son más numerosas las entidades que se encargan de proteger y defender a las familias que se encuentran sumergidas en esta situación. Su principal función es informar a las familias de los mecanismos de defensa con los que cuentan ante esta agobiante circunstancia, para evitar que se llegue a desencadenantes tan dramáticos como el suicidio.
Estas asociaciones como la PAH, se encargan de defender el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada que aparece recogido en la legislación europea e internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la propia Constitución Española de 1978, en su artículo 47.
lunes, 28 de agosto de 2017
Las Fiestas Laborales del 2018 en la Comunitat Valenciana
El 25 de agosto se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decreto 109/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2018.
Se declaran, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, días inhábiles, a efectos laborales retribuidos y no recuperables, correspondientes al año 2018, las fechas que a continuación se relacionan (además se establecerán dos fiestas laborales de carácter local, que determinarán las corporaciones locales correspondientes):
Se declaran, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, días inhábiles, a efectos laborales retribuidos y no recuperables, correspondientes al año 2018, las fechas que a continuación se relacionan (además se establecerán dos fiestas laborales de carácter local, que determinarán las corporaciones locales correspondientes):
• 1 de enero (Año Nuevo)Y con carácter retribuido y recuperable, se establece la siguiente fiesta:
• 19 de marzo (San José)
• 30 de marzo (Viernes Santo)
• 2 de abril (Lunes de Pascua)
• 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
• 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
• 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana)
• 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
• 1 de noviembre (Todos los Santos)
• 6 de diciembre (Día de la Constitución)
• 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
• 25 de diciembre (Navidad)
• 6 de enero (Reyes Magos)
Crece un 540% el número de trabajadores que secundaron las huelgas en julio
El número de huelgas registradas en España durante los siete primeros meses del año 2017 ascendió a 523, con 197.939 trabajadores implicados en las mismas y que ocasionaron la pérdida de 6.340.900 horas de trabajo, según los datos de conflictividad laboral, analizados por los servicios técnicos de CEOE. Respecto al mismo periodo del año pasado, las huelgas aumentaron un 2,95%, las horas de trabajo perdidas subieron un 67,58%, y el total de trabajadores que participaron en las mismas creció un 123,17%.
En lo que se refiere a los datos de julio, comparando con las bajas cifras de eses mismo mes en 2016, se observa que ha disminuido el número de huelgas –un 7,32% sobre las 41 de julio de 2016-, y han aumentado las horas de trabajo perdidas –un 241,33% sobre las 293.480 de julio de 2016-, y los trabajadores que secundaron las huelgas –un 540,81% sobre 2.901 en julio del pasado año-.
Debe tenerse en cuenta, en esta comparación, la repercusión en la conflictividad laboral de las huelgas registradas en el sector de transportes y comunicaciones en abril, mayo, junio y julio, especialmente, en el sector del taxi, el metro de Madrid y Barcelona y Renfe, así como la de estibadores en junio de este año y la huelga que se produjo en la enseñanza en abril de 2016 y en junio de ese año en Renfe.
Por lo que se refiere a la conflictividad estrictamente laboral –la que queda al restar de esos totales la cantidad derivada de huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales–, en los siete primeros meses del año, se produjeron 347 huelgas, con 41.397 trabajadores implicados y se perdieron 2.498.982 horas de trabajo. En comparación con igual periodo de 2016, las huelgas se incrementaron en un 1,91%, las horas de trabajo perdidas crecieron un 92,73% y los trabajadores que participaron en ellas aumentaron un 121,21%.
En el mes de julio, se iniciaron 38 huelgas, secundadas por 18.590 trabajadores, perdiéndose 1.001.722 horas de trabajo –incluyendo las pérdidas en huelgas que comenzaron en meses anteriores y que han continuado en julio-, que representan el 0,04% de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena.
Además, han permanecido en huelga en este mes de julio otros 22.446 trabajadores que participaron en huelgas iniciadas meses antes que han estado abiertas ese mes.
La conflictividad estrictamente laboral, en julio, trajo consigo 27 huelgas, secundadas por 6.973 trabajadores –a los que hay que añadir los trabajadores que participaron en huelgas iniciadas en meses anteriores que han estado abiertas ese mes de julio durante mayor o menor tiempo-, y se perdieron 311.940 horas de trabajo.
En lo que se refiere a los datos de julio, comparando con las bajas cifras de eses mismo mes en 2016, se observa que ha disminuido el número de huelgas –un 7,32% sobre las 41 de julio de 2016-, y han aumentado las horas de trabajo perdidas –un 241,33% sobre las 293.480 de julio de 2016-, y los trabajadores que secundaron las huelgas –un 540,81% sobre 2.901 en julio del pasado año-.
Debe tenerse en cuenta, en esta comparación, la repercusión en la conflictividad laboral de las huelgas registradas en el sector de transportes y comunicaciones en abril, mayo, junio y julio, especialmente, en el sector del taxi, el metro de Madrid y Barcelona y Renfe, así como la de estibadores en junio de este año y la huelga que se produjo en la enseñanza en abril de 2016 y en junio de ese año en Renfe.
Por lo que se refiere a la conflictividad estrictamente laboral –la que queda al restar de esos totales la cantidad derivada de huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales–, en los siete primeros meses del año, se produjeron 347 huelgas, con 41.397 trabajadores implicados y se perdieron 2.498.982 horas de trabajo. En comparación con igual periodo de 2016, las huelgas se incrementaron en un 1,91%, las horas de trabajo perdidas crecieron un 92,73% y los trabajadores que participaron en ellas aumentaron un 121,21%.
En el mes de julio, se iniciaron 38 huelgas, secundadas por 18.590 trabajadores, perdiéndose 1.001.722 horas de trabajo –incluyendo las pérdidas en huelgas que comenzaron en meses anteriores y que han continuado en julio-, que representan el 0,04% de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena.
Además, han permanecido en huelga en este mes de julio otros 22.446 trabajadores que participaron en huelgas iniciadas meses antes que han estado abiertas ese mes.
La conflictividad estrictamente laboral, en julio, trajo consigo 27 huelgas, secundadas por 6.973 trabajadores –a los que hay que añadir los trabajadores que participaron en huelgas iniciadas en meses anteriores que han estado abiertas ese mes de julio durante mayor o menor tiempo-, y se perdieron 311.940 horas de trabajo.
El Empresario
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