jueves, 18 de octubre de 2018

[Vigo] 20-O: Xornada de eliminación de eucaliptos

[MAD] Reunión del CSSL

El pasado 16 de octubre se reunió el Comité de Seguridad y Salud Laboral.
 
Por parte de la empresa se comunicó que el 14 de Noviembre hab un taller de asertividad de una hora en el edificio de Albarracín.
 
También dieron datos de los reconocimientos médicos. De los 1217 planificados se han realizado 424 y han renunciado 110, pero el resto ni lo han hecho ni han renunciado. Si renuncias un año se te vuelve a convocar para el año siguiente. Te recomendamos que si no te lo vas a hacer renuncies al mismo, y si tienes algún problema con tu responsable para hacerlo ponte en contacto con nosotros o con cualquier Delegado de Prevención que conozcas.
 
Se ha cambiado una máquina en la zona C del sistema de refrigeración y los datos de la humedad en el edificio han mejorado de un 10% al 40%.
 
La semana que viene el Servicio de Prevención dará a los Delegados de Prevención la planificación por sociedad del estudio de Riesgos Psicosociales, así como las soluciones propuestas y adoptadas. Habrá 15 días para hacer alegaciones, observaciones, etc.
 
El Servicio de Prevención solicitó información sobre problemas en el proyecto Atom, para iniciar o no un estudio específico de riesgos psicosociales. Una responsable del Servicio de Prevención Mancomunado entregará un informe que ha hecho sobre la situación. Tenemos que recordar que en el mencionado proyecto ha habido bajas por estrés, además de un percance con un compañero al que le dio un ataque de ansiedad y tuvo que asistirle el SAMUR.

La frase del día

El Congreso da luz verde a tramitar una Ley de Igualdad Laboral que sancione a las empresas que impidan la conciliación

Leer la noticia completa en El Diario.

Las Redes Sociales hablan

miércoles, 17 de octubre de 2018

Movilidad funcional: El derecho del trabajador a percibir el salario según las funciones de superior categoría realizadas

La movilidad funcional viene recogida en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores* y consiste en la facultad del empresario de encomendar al trabajador tareas diferentes a las que corresponden al grupo profesional en el cual está encuadrado o al puesto de trabajo que viene desarrollando. Esta movilidad funcional puede ser:
descendente, cuando se realizan funciones inferiores. En este supuesto el trabajador tiene derecho a mantener la retribución en origen, es decir, no se puede reducir el salario del trabajador si se le encomiendan funciones de un grupo profesional inferior.
 
ascendente, cuando se realizan funciones superiores. En este caso, el trabajador tendrá derecho a la retribución de las funciones que efectivamente realice, es decir, la empresa deberá pagar al trabajador según la nueva categoría en la que desempeña sus funciones y no deberá abonar el salario de la categoría inferior para la que fue contratado. En este supuesto, también nos encontramos que si se realizan funciones de superior categoría durante un periodo de 6 meses dentro de un año u 8 meses dentro de 2 años, el trabajador podrá reclamar el ascenso "si a ello no obsta lo establecido en el convenio colectivo".
Pero pese a lo establecido en la normativa laboral es una práctica bastante habitual en las empresas encomendar a los trabajadores funciones superiores a las que se recogen en su contrato de trabajo sin retribuirles por esa superior categoría tal y como establece en cada caso el convenio de aplicación.

En relación con este tema, me parece interesante comentar un caso que llevé recientemente en el cual se reclamaba a la Empresa Municipal de Transporte de Madrid SA una diferencia de retribución entre las cantidades abonadas a la trabajadora como Auxiliar Administrativo y las que realmente hubiera debido abonar, puesto que la actora estaba realizando funciones de Oficial Administrativo.

La sentencia dictada en este asunto recoge la doctrina unificadora del Tribunal Supremo sobre esta materia  indicando lo siguiente:

El Tribunal Supremo se ha pronunciado entre otras, en sentencias 3-11-2005, 18-9-2004, y 27-5-2003, en el sentido de señalar que la doctrina unificada al respecto "se puede resumir del modo siguiente: 1) La regla general estatutaria contenida en el artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores, preceptúa que la atribución a un trabajador de funciones superiores a las propias de la categoría profesional que tiene reconocida, le da derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice. 2) La razón por la que se puede denegar estas diferencias retributivas se fundamenta en el hecho de que el trabajador carece de la titularidad para desempeñarlas de conformidad con la legislación estatal imperativa que pudiera ser aplicable. 3) A diferencia de lo que ocurre con los títulos habilitantes de origen estatal y preceptivo, las meras exigencias de Convenio, no impiden la percepción de los salarios correspondientes a las funciones efectivamente desarrolladas, pues no es un fin público el que requiere tal titulación sino "el designio de mantener el nivel cultural y técnico que resulte más adecuado"; para continuar argumentando, a propósito de las funciones de superior categoría que se postulan, que "la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1997, reiterando lo ya establecido en la de 30 de marzo de 1992, 23 de diciembre de 1994 y 7 de marzo de 1995, ha establecido que para tener derecho a retribuciones superiores, es necesario no solo que el ejercicio de dichas funciones de categoría superior excedan de modo evidente a las que son atribuidas a su categoría profesional, sino que es preciso que entren de pleno en las asignadas en la categoría superior. Es decir, para poder apreciar que efectivamente se están llevando a cabo las funciones propias de una categoría superior y que procede el derecho a percibir las retribuciones correspondientes a la misma, es necesaria la perfecta acreditación de que efectivamente se están desempeñando fundamentalmente estas funciones y no parte de las mismas".
Y dado que, en este caso la trabajadora acreditó la realización de esas funciones de superior categoría, puesto que despeñaba las mismas tareas que otros compañeros con categoría de Oficial Administrativo, el Juzgado de lo Social 11 de Madrid en sentencia 370/2018, de fecha 8 de octubre de 2018, estimó la demanda presentada condenando a la empresa al abono de las cantidades reclamadas.
(*) En nuestro sector se encuentra regulado por los artículos 18 y 19 del convenio

[València] 19-O: Bomberos forestales ¡¡más quemados que nunca!!

CGT País Valencià i Múrcia

Altas y Bajas en septiembre de 2018

Estos son los datos mensuales, facilitados oficialmente por la empresa a la RLT el 10 de octubre, de las Altas y Bajas que ha habido en los Centros de Trabajo de AtoS durante el pasado mes de septiembre.
 

(Anterior entrada de Altas y Bajas)

La viñeta del día

Acuerdo PSOE y UP

Acuerdo de PGE 2019: Presupuestos para un Estado Social.
 
Desde CGT, ante este Acuerdo, decimos lo del clásico…"Amanece… que no es poco" pues, quitando lo que materialmente ya se encuentra en PGE 2018 del PP, asumidos por la Alianza de PSOE, UP, PNV, ERC, PDCAT, la subida de las Pensiones según IPC para 2018 y 2019, con cláusula de revisión y el incremento del SMI a 900 euros a partir del 2019, todo queda "pendiente" para desarrollar más adelante.
 
Las grandes Reformas llevadas a cabo por PSOE en el 2010/2011 y el PP en el 2012, las Reformas Laborales, la Ley Mordaza, la reforma del artículo 135 de la CE, que garantiza el desmantelamiento del "estado social", así como las leyes fiscales del "embudo" que operan en este estado y en la Ueuros y que otorgan garantía jurídica al capital (grande, mediano y pequeño), los dos grandes problemas creados por las políticas "autoritarias" del club de mercaderes de la Ueuros, el déficit y la deuda, que dieron lugar a expoliar y robar todos los derechos laborales y sociales de las clases asalariadas (la mayoría social)…, estas reformas contra las clases asalariadas, no van a ser derogadas (parece que serán parcialmente enmendadas por vía parlamentaria a lo largo del 2018 y 2019)...
 
La retórica parlamentaria lo sustenta todo, y el papel sobre los compromisos y el deber que la política tiene hacia los ciudadanos y ciudadanas permite "grandes enunciados", como eso de… "presupuestos para un estado social….", pero los hechos concretos: sobre el empleo, los derechos esenciales para la vida (vivienda, energía, sanidad, educación, dependencia), rentas salariales y/o prestaciones sociales que garanticen una vida digna para todos y todas… demuestran todo lo contrario de lo que se enuncia por la política institucional, con excepciones parciales (pensiones, casi en exclusividad) muy directamente ligadas al nivel del conflicto de la calle.
 
Resulta un ejercicio de mala pedagogía pretender hacer creer que se ha metido mano a los verdaderos responsables (grandes corporaciones financieras, industriales e inmobiliarias) de esta sociedad empobrecida material y culturalmente, a la vez que descohesionada, a través de enunciar que el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que facturen más de 20 millones de euros pasa a ser del 15% de su base imponible, no de los beneficios netos, y el incremento del IRPF de 2 puntos a las rentas de capital a partir de 130.000 euros, de 4 puntos a partir de 300.000 euros, los distintos impuestos a las tecnológicas (3%), transacciones financieras (0,2%)..., no deja de ser sino un "escaso remiendo" para coser el tejido social roto por el robo y entrega a estos mismos "capitales" de cientos de miles de millones de euros, con las leyes tributarias y financieras, constituidas en todas las políticas "austoritarias" llevadas a efecto con la gran "crisis-estafa" desde el 2007 (aquí, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).
 
Desde CGT, al igual que desde ciertos sectores sociales, especialmente los movimientos sociales reales, quienes luchan contra este modelo neoliberal de capitalismo y sufren la descohesión y la injusticia social, sabemos que solamente se cambian las reglas de juego cuando millones de personas deciden movilizarse: los "lunes al sol" de las personas pensionistas; las huelgas generales del movimiento feminista; las huelgas de las más precarias (Kellys, contratas y subcontratas, falsos autónomos y autónomas); las plataformas en defensa de lo público (educación, sanidad, dependencia, ferrocarril…); los movimientos de migrantes y los movimientos solidarios contra el crimen que el capitalismo global viene realizando con millones de personas; los movimientos por la libertad de expresión, opinión, manifestación, huelga, en contra de leyes y sentencias liberticidas que impiden ejercer estos derechos y encarcelan las ideas y a las personas…
 
Sabemos que dichas reglas están constituidas para garantizar un modelo de vida y un sistema para unos pocos (los poderosos, las grandes corporaciones, el capital…) y son absolutamente incompatibles con un modelo de vida sostenible, que garantice la cohesión social y la justicia social, a la vez que no destruya las bases ecológicas de la vida.
 
No nos fiamos de la retórica socialdemócrata e insistimos en que solo la acción movilizadora de las clases asalariadas, será lo que recuperare el derecho de todos y todas a vivir dignamente.

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO

Las Redes Sociales hablan