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El Blog de la Sección Sindical de la Confederación General del Trabajo en AtoS Spain
martes, 10 de diciembre de 2024
lunes, 9 de diciembre de 2024
Nuevas comunicaciones de Despidos (son 21 este año)
RRHH nos ha comunicado, el 5 de diciembre, la ejecución de 3 nuevos Despidos:
NOTA: Inicialmente publicamos, según la información facilitada por la empresa, que los tres despidos fueron en Madrid. Como no nos cuadraban los datos, desde CGT les escribimos y nos confirmaron su error, siendo correctos nuestros datos... ya hemos corregido el post.
• 3 Despidos objetivos en los Centros de Trabajo de AtoS Spain en Madrid (2) y Barcelona (1) "en base a lo dispuesto en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores".
Con estos ya son 21 l@s Trabajador@s despedid@s en AtoS Spain durante 2024 (18 en Madrid y 3 en Barcelona).
¿Sabes cómo denunciar tu Despido por ERE encubierto?
Puedes solicitar la presencia de un/una representante de l@s trabajador@s
Muface: ¿Y si dejamos de financiar privilegios con dinero público?
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se crea en 1975 como organismo único de adscripción obligatoria para todo el funcionariado civil. Su creación en aquel contexto podría tener cierto sentido porque permitió dotar de cobertura sanitaria a las empleadas y los empleados públicos, algo de lo que carecían en ese momento, puesto que en España hubo que esperar hasta 1989 para tener una sanidad universal y gratuita que asegurara la atención a toda la población. Por tanto, todo el funcionariado pertenece a Muface, pero puede elegir que la cobertura sanitaria se la dé la Seguridad Social (como al resto de la gente) o una mutua privada de las que actualmente prestan este servicio: Asisa (cuya única accionista es la cooperativa de médicos Lavinia), Adeslas (propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank) y DKV (propiedad de la empresa alemana Munich Re, la reaseguradora más grande del mundo). En las últimas décadas, el porcentaje de funcionariado que elige la Seguridad Social ha ido aumentando, hasta situarse actualmente en un tercio del total.
Evidentemente, estas mutuas cobran del Estado por prestar esa cobertura sanitaria al personal funcionario, así como a sus familiares; una cantidad que ronda los 1300 millones de euros anuales. Sí, el Estado paga con dinero público a entidades privadas para que den una cobertura sanitaria al funcionariado público (al margen del sistema público de salud), distinta a la del común de los mortales. Suena raro, ¿verdad?
Vayamos con el problema que "se ha generado" en las últimas semanas. Toca renovar conciertos, y las mutuas quieren más dinero. Dicen que tienen déficit y que no es suficiente con la propuesta de incrementar en un 17% la asignación por mutualista, que quieren un 38% más, por lo que dejan desierta la licitación. Atención: son las mismas mutuas que declaran unos beneficios anuales millonarios y que "invitan" a sus pacientes con tratamientos más costosos a que elijan la sanidad pública, ya que no son rentables para el negocio.
Conviene aclarar que lo de las mutuas es una anomalía (aunque en nuestro ámbito no lo sea), pues la mayoría del personal funcionario no tiene esa opción. También es importante recordar que quienes están en esas compañías tienen cada vez más edad, y eso es lo que no les sale rentable a las empresas, porque a más edad, más enfermedades. Mientras la proporción de ese personal fue mayoritariamente joven o "estaba equilibrada", todo fue bien. Es como contratar un seguro del coche y no dar partes; eso es perfecto para la aseguradora: te cobra y, por lo general, no le supones ningún gasto (en caso de percances, te suben la cuota y compensan con creces sus ingresos).
Ahora se abre un escenario en el que el Gobierno central puede darle carpetazo al actual modelo sanitario que, como hemos visto antes, es un vestigio de un pasado muy diferente a nuestro presente. Puede hacer dos cosas:
• Puede acceder a la exigencia de las mutuas de un incremento de la asignación anual y mantener este sistema obsoleto, discriminatorio y que roba recursos al sistema público sanitario y a la Seguridad Social, legitimando a unas mutuas que tienen como objetivo prioritario el negocio (no lo olvidemos) con el dinero de toda la ciudadanía, incluida aquella sin capacidad económica para elegir un privilegio equiparable. Es decir, puede continuar con la subvención con fondos públicos a las grandes aseguradoras privadas. (Quien fuera viceconsejero de Salud hasta el 27 de diciembre, Miguel Ángel Guzmán, empezó a trabajar unos meses después como director médico de ASISA para Andalucía, grupo que facturó más de 600 millones en 2023, coincidiendo con la saturación de las listas de espera en el Sistema Público).
• O puede aprovechar el contexto para dar un paso definitivo hacia la expansión y mejora del sistema sanitario de la Seguridad Social, invirtiendo en él todo el dinero que se iba a entregar a las mutuas y absorbiendo la asistencia sanitaria de ese millón de personas que actualmente son atendidas en dichas mutuas. Hay que recordar que, a pesar del deterioro sufrido en los últimos años, aún tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo (el estudio anual de Bloomberg lo sitúa en el tercer lugar, solo detrás de Hong Kong y Singapur). Tenemos la obligación de defenderlo contra una ola privatizadora que, de la mano de gobiernos adalides de la destrucción de todo lo público, necesita infradotarlo para que la población que pueda (o a base de créditos) contrate los seguros privados para beneficio de unos pocos que (¡oh, sorpresa!) a veces coincide que son del círculo más próximo de tales gobernantes (amistades y familiares, por ejemplo).
Desde CGT apostamos por esta segunda vía, ya que creemos que nuestro sistema sanitario público es perfectamente capaz (si se le dota de recursos) de asumir ese 2% de incremento de personas que atender. No parece un aumento desmesurado si el Gobierno central y los autonómicos apuestan decididamente por proporcionar la mejor cobertura sanitaria posible a toda la población. Así lo determina también el Ministerio de Sanidad. Es imprescindible que todos los recursos sanitarios vayan a la Seguridad Social, para dar la asistencia sanitaria al funcionariado, y al resto de personas, en centros públicos. Esto permitiría contratar a más personal para reducir las eternas listas de espera y, en general, para ofrecer una mejor atención sanitaria. Lo que no podemos permitir (y hay que estar especialmente vigilantes al respecto) es que se quiera aprovechar la coyuntura del paso a la Seguridad Social de este 2% para que con fondos públicos se incrementen los conciertos con centros privados (algo que no es nuevo en Andalucía, y que se ha vuelto habitual con el PP). La solución a las listas de espera no puede pasar por las derivaciones a centros privados sino por más sanidad pública.
Desde posiciones elitistas y afines a las mutuas se insiste en la imposibilidad de que la Seguridad Social asuma la cobertura de las personas que actualmente son atendidas por aquellas, así como en el caos que produciría en sus mutualistas el cambio a la Seguridad Social. Evidentemente, el cambio no se daría de un día para otro. Se pueden tomar medidas para que las personas con tratamientos médicos actualmente en mutuas puedan finalizarlos en las mismas; asimismo, se puede prorrogar nueve meses el actual concierto, como permite la ley, y hacer un paso tranquilo y paulatino de mutualistas de Muface a los servicios sanitarios de la Seguridad Social.
Para finalizar, desde CGT hacemos un llamamiento a quienes actualmente están en las mutuas para que pidan en enero el cambio a la Seguridad Social. Es el momento de ser coherentes, de defender y escoger lo público y, al mismo tiempo, exigir que se destinen los recursos necesarios para que toda la población disfrute de la mejor sanidad pública posible.
Todo lo que necesitas saber sobre Muface
Firma para que el dinero que se destina a las aseguradoras privadas vaya a la Sanidad Pública
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domingo, 8 de diciembre de 2024
sábado, 7 de diciembre de 2024
viernes, 6 de diciembre de 2024
Laboro: Constitución española
En la Constitución, todo el mundo da por hecho que el derecho a la educación o a la libertad de expresión están al mismo nivel que el derecho al trabajo, a la salud y a la vivienda. PUES NO. Ni de coña, ¿qué os habíais creído, pobretones?
Legalmente, el derecho al trabajo es de "segundo nivel" en la Constitución y en esta ni siquiera existen como derechos el de la salud y el de la vivienda. Curiosamente, por encima de ellos está el derecho a la libertad de empresa. No nos hemos vuelto locos.
En la Constitución hay dos grandes tipos de derechos: los fundamentales y los demás. Los fundamentales son los más importantes, sin los cuales difícilmente se podría considerar que España fuera un estado democrático de derecho y tienen mayores protecciones legales.
Por ejemplo, los derechos fundamentales solo se pueden regular mediante ley orgánica, que solo se puede aprobar con mayoría absoluta en el Congreso. Además, los procedimientos judiciales laborales sobre temas de derechos fundamentales son prioritarios y más rápidos.
Por ejemplo, si una mujer demandara a la empresa por despedirla a causa de su embarazo, tendría fecha de juicio mucho antes. Además, la empresa podría ser condenada no solo a readmitirla, sino también a una indemnización aparte. Eso ha pasado muchísimas veces.
En la Constitución española son fundamentales, en resumen, los derechos a la igualdad, vida, ideología y religión, libertad, honor e intimidad, residencia, expresión, asociación, tutela judicial (derecho a demandar), educación, libertad de enseñanza, sindicación y huelga.
El resto de derechos, no fundamentales, son el de defender a España, impuestos justos, matrimonio, propiedad privada, fundación, trabajo, negociación colectiva, libertad de empresa y defensa de la productividad. Las máximas del capitalismo están en la Constitución.
Por tanto, el derecho al trabajo no es un un derecho fundamental. Por eso el despido es libre aunque sea pagando una indemnización, recurriendo al despido improcedente. Si fuera un derecho fundamental, no sería posible legalmente.
A los padres de la Constitución les pareció que el derecho a la libertad de enseñanza era fundamental pero no lo era el derecho al trabajo. ¿Qué curioso, verdad?
¿Y la salud y la vivienda? Ni siquiera son derechos en la Constitución, sino principios rectores de la política social y económica. Igual que la protección de la familia, formación profesional, cultura, ciencia, medio ambiente, pensiones de jubilación...
No son derechos, sino digamos que son los objetivos generales que tiene que perseguir el Estado. La libertad de empresa y la defensa de la productividad son derechos constitucionales pero la protección de la salud no lo es, como tampoco lo es la vivienda ni las pensiones.
Pues hala, ya está. Seguid celebrando el día de la Constitución y defendiendo a España contra tanto comunista que quiere poneros okupas en el piso para que os suban los impuestos, o algo así.
Laboro
jueves, 5 de diciembre de 2024
Comisión estatal de Formación de AtoS Spain: Resumen de la reunión del 27 de noviembre
- El 15 de noviembre envió un correo a l@s managers y la RLPT con el catálogo global de los cursos para la recogida de necesidades formativas para 2025, con el fin de que hagan sus propuestas. Hasta el 31 de diciembre se podrán realizar propuestas.Por parte de la RLPT:
- La Atos Corporate University ya se ha actualizado para que sea más intuitivo su uso.
- Entre la semana que se celebraba la reunión y la siguiente tendría lugar para l@s managers la formación sobre el Código Ético en el formato de virtual class.
- Se pregunta si hay alguna formación sobre Teams y Sharepoint, porque no se ven en el catálogo y se considera que es muy necesaria.La próxima reunión será el 18 de diciembre.
- Se propone facilitar a la gente sin proyecto acceder a la formación gratuita que ofrece la Administración Pública o cualquier otro organismo y poder realizarla en horario laboral. RRHH indica que si la persona trabajadora lo solicita a nivel de empresa puede haber problemas por incompatibilidad con la FUNDAE, ya que AtoS Spain ya se bonifica en esta Fundación.
- Se pregunta si se puede hacer toda la formación que tenga FUNDAE durante el horario laboral sin problema. La empresa responde que si la formación es gratuita y en plataformas permitidas y seguras, no habría problemas si tu manager te lo permite. El primer paso a seguir sería comentarlo al responsable.
Anterior reunión de la Comisión de Formación
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