Es lo que se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno remitida el pasado 5 de marzo al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Según los datos del propio Ejecutivo —siempre del mes de enero— en 2014 había en España 970 inspectores de trabajo, un importante logro teniendo en cuenta que tres años antes la plantilla estaba formada por 915 empleados. Sin embargo, el crecimiento se detuvo ahí. Los 970 se mantuvieron en 2015 y en 2016 empezó el retroceso: la plantilla se quedó en 948, que cayeron finalmente a 943 en 2017. En enero de este año sólo hubo una nueva incorporación. Es decir, en los tres últimos años hay 27 inspectores menos.
Estos datos contradicen las propias declaraciones del Gobierno, que hace un año afirmó —en otra respuesta parlamentaria al mismo diputado— que se incorporaron "22 inspectores en 2015, 70 en 2016 y 85 en 2017". Por todo ello, el PSOE denuncia que el Ejecutivo "no está cumpliendo la tasa de reposición" de los inspectores; es decir, no está sacando a concurso las plazas que quedan vacantes. Además, atribuye el incremento de los accidentes laborales a "la precariedad provocada por la reforma laboral del PP aprobada hace seis años".
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