El arma del delito es una prueba fundamental para dar con el autor. Las huellas en un cuchillo o en una pistola que aparecen en el escenario de un robo o un asesinato permiten sentar en el banquillo al acusado y dictar sentencia. Haya o no testigos. Pero en el caso de un incendio forestal, las llamas borran cualquier indicio que pueda probar la implicación del sospechoso. De los más de 2.500 delitos de incendios forestales que llegaron en los últimos cinco años a los juzgados gallegos, tan solo 171 fueron calificados. Es decir, llevados a juicio, lo que supone tan solo el 7% del total de causas investigadas por estos hechos. Y de los incendiarios que los fiscales logran sentar en el banquillo, las sentencias condenatorias se limitan al pago de una multa.
La pena de prisión es excepcional, tan solo para los casos de reincidencia. "Pero una cosa es que tengamos sospechas de que un incendiario está detrás de varios delitos forestales y otra, que tengamos pruebas que lo confirmen", apunta el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz.
Evidencias como una garrafa de gasolina o un bidón de disolvente en el maletero del sospechoso e incluso las primeras declaraciones de los vecinos situando al presunto incendiario en las inmediaciones del lugar donde se produjo el foco no son suficientes para llevar a juicio a los más de 150 incendiarios arrestados de media cada año en Galicia. El hecho de que la investigación en este tipo de delitos no aporte pruebas concluyentes y la falta de testigos que sitúen al autor en el lugar próximo al lugar de las llamas impiden que sean juzgados más del 90% de los detenidos o imputados por prender fuego al monte.
Entre 2012 y 2016, los juzgados gallegos registraron un total de 2.508 causas en materia de incendios forestales. Durante este periodo, el mayor volumen se produjo en 2013, con 750 procedimientos incoados. El año pasado la cifra cayó a 206, un desplome que se debe a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se suprime el envío a los juzgados de aquellos atestados de casos que no tienen autor conocido. "La media cada año es de unos 200 a 300 delitos forestales de autor conocido", detalla el fiscal de Medio Ambiente. Pero apenas una treintena son llevados a juicio.
Durante el último lustro, llegaron a juicio un total de 171 casos de incendios forestales. La cifra más baja de este periodo se registró en 2015, con 23 procedimientos incoados por fuegos en los montes gallegos. Especialmente bajo también fue el volumen de casos llevados a juicio el año pasado (28). En ejercicios anteriores las cifras se movieron entre los 23 de 2013 y los 46 de 2012, según datos de la Fiscalía Superior de Galicia.
Falta de pruebas y testigos
Además de la falta de pruebas concluyentes que permitan presentar ante un juez o un jurado una causa bien armada, las dudas e incluso el olvido que provoca el paso del tiempo en los testimonios de vecinos y del entorno del sospechoso dan al traste de cientos de investigaciones. Y es que salvo las causas por imprudencias -quemas de rastrojos- que resultan sencillas, ya que se resuelven con un juicio rápido; en los asuntos más complejos la resolución se demora de dos a cuatro años.
En los últimos cinco años, los jueces dictaron en Galicia 191 sentencias sobre delitos forestales, 34 de ellas el año pasado. "El 90% son condenatorias", detalla el fiscal de Medio Ambiente. La práctica totalidad de los fallos son por quemas de rastrojos y se resuelven con el pago de una multa. La pena de prisión solo se aplica para los reincidentes. "Y para eso tiene que haber una condena antes por sentencia firme, no basta con sospechar que esa persona está detrás de otros incendios, hacen falta pruebas", expone García Ortiz.
"Valorar la intención"
Para el fiscal delegado de Medio Ambiente, las penas actuales en materia de incendios son "suficientemente duras", pero aboga por "repensar los tipos penales". "En la actualidad se castiga según el resultado del incendio, debería valorarse la intención con la que se ha actuado", reclama. La última reforma del Código Penal, según advierte, no resolvió aspectos que hace que queden "impunes" algunos incendios. "Se debería pensar en que es un delito de riesgo y fijar la pena según la intencionalidad", defiende.
García Ortiz apela a la labor de la sociedad y de la Administración para conseguir erradicar la cultura del fuego en la comunidad. "La represión penal no es el instrumento para acabar con los incendios, tiene que ir acompañada de prevención y de otros muchos factores", reivindica. La lista incluye educación, uso y ordenación del territorio, valorización, investigación y tratamiento de los implicados en estos delitos.
Los incendios son un conjunto de riesgos, según advierte. Y solo eliminando los factores de riesgo, entre los que cita los vertederos o la maleza en las áreas recreativas, se podrán reducir los fuegos.
De los delitos contra el medio ambiente que acabaron el año pasado en los juzgados gallegos (un total de 550), los de incendios forestales suponen el 37%. Le siguen en el ranking los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (casi 29%), los de maltrato a animales domésticos (13%), flora y fauna (10,6%), contra el medio ambiente (6,57%) y, finalmente, contra el patrimonio histórico (3,6%).
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