Un centenar de abogados catalanes se han adherido al manifiesto "Por el derecho a manifestarse sin coacciones", en el que recuerdan que este queda recogido en el actual ordenamiento jurídico estatal e internacional. En el texto, recuerdan que los gobiernos catalán y español "están realizando una política de duros recortes en ámbitos tan sensibles socialmente como la educación y la salud, que vienen a sumarse a la degradación de los derechos laborales en el mundo del trabajo y los endémicos problemas de la vivienda". Y que estas medidas han provocado "la lógica y necesaria movilización y protesta ciudadana", que han ido acompañadas de un "preocupante aumento de actuaciones represivas y contrarias al propio ordenamiento jurídico por parte de la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña".
Por todo ello, el manifiesto de los 100 abogados, como lo presentan, denuncia "el encarcelamiento de huelguistas y sindicalistas" a raíz de la huelga general del 29 de marzo, porque se ha dado un "uso excesivo y carente de ningún criterio legal de la prisión preventiva con la finalidad política de atemorizar a los ciudadanos y de coaccionar la acción sindical de los trabajadores ". También se quejan del uso por parte de los Mossos de "material peligroso para la integridad de las personas", como botes de humo o peloteras, así como la "coacción policial a los manifestantes" los pasados 1 de mayo, Día del Trabajo, y 3 de mayo, en la huelga de estudiantes. Finalmente, el último motivo de denuncia es la web que Interior puso en funcionamiento para delatar personas que, siempre según su versión, habían participado en los incidentes del 29-M, porque "vulnera los derechos fundamentales a la presunción de inocencia ya el honor y nos acerca peligrosamente a una situación de Estado anti-democrático".
El documento, firmado por abogados conocidos como Francesc Casares, Benet Salellas o Xavier Monge-cabeza de lista de la CUP en Barcelona las últimas elecciones municipales-, así como por los miembros del Colectivo Ronda, concluye que en la actual situación de pérdida de derechos colectivos básicos, "el manifestarse no sólo es un derecho, sino una obligación ciudadana, que no puede verse violentada por actuaciones claramente intimidatorias de las autoridades".
Noticia publicada en la web del semanario El Triangle
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