Ana, cocinera en el Hospital universitario Río Hortega de Valladolid, con treinta años de trabajo en el mismo puesto y empresa gubernamental de la comunidad, Sanidad de Castilla y León (SACYL), decidió en el otoño de 2011, juntamente con otros tres compañeros, denunciar ante el Juzgado de lo Penal la consignación por la dirección hospitalaria de unos cursos 'de formación', que nunca habían llegado a realizarse.
A consecuencia de la denuncia, tanto el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Eduardo Enrique García Prieto -que era director gerente del Río Hortega cuando los hechos denunciados- como el director de Gestión del citado centro, Miguel Ángel Sánchez Asenjo, fueron llamados por el Juzgado de Instrucción número 1 para declarar como imputados, como presuntos autores de "delito de falsificación de documentos, usurpación de personalidad, apropiación indebida y, en su caso, como posibles autores de un delito de cohecho de los artículos 419 y siguientes del Código Penal".
Aunque en la resolución judicial quedó acreditado que los cursos no habían sido impartidos y sí pagados, además de haberse falsificado por orden de la dirección del centro, las firmas de los trabajadores, etc., la denuncia contra los responsables del fraude quedó archivada y los autores impunes.
El resultado de la actuación de la Ley del juez no se hizo esperar. La misma dirección que tan legal como fraudulentamente había actuado, le abrió a Ana un expediente sancionador que, entre otras cuestiones, afirmaba que la trabajadora había 'inducido' a sus compañeros a que no se apuntaran a los cursos de cocina que "de forma precipitada se habían convocado ese año para cubrir las apariencias y justificar las irregularidad de los cursos 'virtuales' no realizados en 2010". La resolución del expediente terminó por imponer a Ana cinco sanciones, tres de un mes y dos de dos meses. Sanción que tuvo que cumplir entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de abril de 2014. Por supuesto, los jueces nada dijeron de este atropello.
Sin embargo, la ruin venganza del aparato político y judicial vallisoletano sobre la trabajadora no acabó ahí. Como señala la crónica de este suceso, publicada en Kaos en la Red del 2 de mayo: Ana tenía todo preparado para incorporarse este 1º de Mayo a su puesto de trabajo, del que había sido apartada por el SACYL durante siete meses. Sin embargo, un Burofáx , firmado por el director gerente de Atención Especializada Valladolid-Oeste, le comunicaba que no lo hiciese... ya que "desde el día 01/05/2014 pasaba a la situación de excedencia voluntaria".
Se comunica así el despido a Ana, "amparándose en la pérdida de puesto de trabajo por haber excedido en seis meses de duración la sanción. Argumento falso, porque a Ana no se le ha impuesto ninguna sanción de seis meses, sino dos de dos meses y tres de un mes".
Ahora, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid, en un comunicado distribuido en las concentraciones habidas a las puertas del Hospital se denuncia que "estamos ante un caso claro de represalias hacia una trabajadora en la forma más cruel que se puede hacer en la actual situación social en la que vivimos: el despido". Por otro lado, "El compañero de Ana María", añade la citada Plataforma, "está en paro, su salario es el único ingreso de la familia y la pérdida de su puesto de trabajo es arrojarles a la miseria por una única razón: esta trabajadora actuó con dignidad y con responsabilidad social denunciando indicios claros de corruptelas en su hospital … No podemos permitir que los corruptos estén gozando de libertad y privilegios y las personas que denuncian este cáncer que sufre nuestra sociedad sean represaliadas".
¿Y los sindicatos? ¿Y los compañeros y compañeras de trabajo? ¿Y el conjunto de la clase trabajadora vallisoletana? ¿Dónde aquellos otras actuaciones sindicales, como la huelga, los paros, la desobediencia, la ocupación, las asambleas, el enfrentamiento, la solidaridad, el apoyo mutuo …? De momento y al parecer, la 'timidez' y la apelación al dramático caso particular parecen conducir la situación al callejón sin salida del despido, la arbitrariedad patronal, la impunidad política y la profesionalidad judicial al servicio del abuso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario