La desmedida condena es justificada por el Fiscal y por la Audiencia de Pontevedra, por la participación de ambas trabajadoras en un piquete informativo de la huelga sectorial de 2010. Por amedrantar y coaccionar a sus compañeros, tildándoles de esquiroles, para que secundasen la huelga –a lo que los propios afectados negaron sentirse coaccionados- y volcar un bote de pintura en el agua de una de las piscinas del establecimiento.
En todo este proceso, desde aquél invierno de 2010 hasta hoy, no hubo otra violencia, ni coacción infame, ni intimidación social o personal, que las ejercidas (en orden de menor a mayor vileza) por los denunciantes de las trabajadoras, por la empresa concesionaria del centro de la Fundación "Rías do Sul" que mantuvo la denuncia, por el propio gobierno, nacionalista y progresista, del municipio que no supo o no quiso ejercer su responsabilidad para atajar la injusticia que se disponían a cometer en sus instalaciones, el Juzgado de Pontevedra responsable de la primera sentencia y, por último, con mayor crueldad e iniquidad, el Fiscal y los magistrados de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Y todo ello, sin elevar la cuenta hasta la raíz de la ignominia, esto es, la responsabilidad de una legislación que garantiza la impunidad a quienes ejercen semejante tiranía y la debilidad de quienes vamos enfrentándonos a ella.
Este es solo el penúltimo caso de una lista que ha crecido con rapidez en los últimos meses. Actualmente hay más de 40 procedimientos judiciales abiertos, algunos penales y otros sancionadores, contra trabajadores que participaron en las últimas huelgas generales y parciales, siguiendo una estrategia, con instrucciones precisas por los Ministerios del Interior y Justicia, para criminalizar la protesta sindical, amedrentar a los trabajadores y atentar contra el derecho de huelga y de asociación sindical obrera.
Los hechos que comentamos tuvieron lugar en febrero de 2010, a raíz de la jornada de paro celebrada durante la negociación del I Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas de Galicia. Ese día, medio centenar de trabajadores acudieron como piquete informativo a las instalaciones del Centro Deportivo de Pontemuiños, en Pontevedra (centro de titularidad fundacional, con participación del Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, pero de gestión privatizada), en las que permanecían trabajando algunos esquiroles, insolidarios con sus compañeros y compañeras que sí luchaban por las reivindicaciones colectivas, salariales y laborales, de las que ellos mismos llegarían a beneficiarse sin merecerlo ni ayudar a lograrlo.
En un momento dado, alguien vertió colorante en el vaso de la piscina. Nadie fue acusado ni tampoco identificado como autor material de este hecho y los presuntos daños ocasionados fueron, según la propia empresa de apenas 1000 euros. Pero las dos trabajadoras, una con veinte años de antigüedad en el sector y la otra con siete, fueron reconocidas como integrantes del piquete por un directivo de la contrata, que las denunció. Ninguna de las dos estaba afiliada a sindicato alguno, por lo que buscaron defenderse por y para sí mismas, exclusivamente en el ámbito judicial.
En un primer juicio, ambas fueron condenadas a seis meses de prisión. Esta primera sentencia fue recurrida por las acusadas que solicitaron la libre absolución, pero también lo fue por la fiscalía, que exigió la aplicación de la condena en su grado máximo, al considerar "que coaccionaron a otras personas para secundar la huelga" y que "atentaron contra los derechos de los trabajadores". De nada valió que los trabajadores presuntamente intimidados confirmasen ante el tribunal no sentirse coaccionados, ni agredidos ni intimidados. Finalmente la Audiencia de Pontevedra aceptó las tesis del Fiscal (la burla de considerar derecho de los trabajadores el esquirolaje y no la huelga) y condenó a las dos trabajadoras a la máxima pena prevista por el Código Penal, tres años y un día de prisión. Los abogados de ambas estudian ahora la posibilidad de presentar algún tipo de recurso contra la sentencia, que, sin embargo, es firme y no acepta recursos ordinarios.
Aunque debiera haber empezado mucho antes, más vale tarde que nunca. Sobre todo si la tardanza en reaccionar ha de achacarse a la escasa formación sindical de muchos trabajadores en nuestro país, cuando no a un prejuicio negativo -ampliamente difundido por los corifeos de la patronal y los gobiernos y, en parte justificado por las actuaciones del sindicalismo claudicante, hoy hegemónico- sobre el carácter de la lucha colectiva y compartida.
El 2 de mayo dio comienzo una campaña de apoyo a las trabajadoras y denuncia de la brutal condena –esta sí brutal y violenta, intimidatoria frente a quienes reclaman respeto por sus necesidades, derechos y reivindicaciones- con una mera recogida de firmas, vía online y en algunas plazas de Pontevedra, para reclamar su indulto. Todavía pesa el miedo paralizante a que una lucha abierta contra la sentencia y sus autores, pudiese perjudicar un "indulto", que no llegará por esa vía. Sin embargo esa lucha resulta imprescindible. No se pueden tolerar comportamientos como los del Fiscal y la Audiencia de Pontevedra, sin que se ejerza sobre ellos el reproche popular más firme y contundente; sin que los sindicatos acompañemos a estas mujeres hasta los muros de la Justicia y, si toca, hasta la puerta de la cárcel, o sin que el escrache se generalice contra los responsables de tamaña agresión y violencia. Pues en ello nos va la dignidad y la función histórica que nos corresponde: el desafío al poder establecido, en lucha por la emancipación y la libertad colectivas.
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