El uso excesivo de la fuerza contra manifestantes no debe quedar impune

Jaume Declós, español de 31 años; Angel Tamariz, mexicano de 28 o Paula Alvarez-Ossorio de 24 años, son algunos de las muchas personas que sufrieron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los Mossos d'Escuadra durante el desalojo de la Plaza de Catalunya de Barcelona el pasado 27 de Mayo.

Imágenes de vídeo de la operación policial efectuada en dicha plaza, muestran a los Mossos d'Esquadra golpeando reiteradamente con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y disparando pelotas de goma y cartuchos de fogueo. En las imágenes, algunos manifestantes parecen estar heridos y tener sangre en las manos y en la cabeza. Según cifras oficiales, 84 manifestantes y 37 agentes de policía resultaron heridos. Un abogado que asistió a los manifestantes afectados dijo a Amnistía Internacional que un total de 180 personas habían denunciado lesiones, y que unas 50 de ellas tenían informes médicos que  las documentaban. Amnistía Internacional también ha recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza en Lleida el 27 de mayo y nuevamente Barcelona el pasado 15 de junio dentro del contexto de las manifestaciones protagonizadas por el movimiento del 15 de mayo.

Amnistía Internacional ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por las denuncias reiteradas y creíbles de uso arbitrario o excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España, así como por la impunidad que reina en dichos casos.

La organización no comparte la negativa de Felip Puig i Godes a realizar una investigación sobre lo sucedido al alegar que los Mossos d'Esquadra habían recurrido a la fuerza únicamente para responder a las agresiones por parte de los manifestantes. El Gobierno catalán no ha hecho pública evidencia alguna de ese presunto uso de la violencia por parte de los manifestantes.

Por ello, Amnistía Internacional ha exigido al Gobierno central español y al catalán que lleven a cabo sin demora una investigación independiente, exhaustiva y eficaz de todas las denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de la policía hacia los manifestantes, así como que se adopten medidas disciplinarias y, si procede, se inicien actuaciones penales contra los agentes de policía de quienes se concluya hicieron un uso de fuerza excesiva.

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