lunes, 29 de agosto de 2011

A propósito de la próxima "deforma constitucional"

Mucho se ha escrito y sobre todo dicho acerca de la reforma constitucional que se avecina y en la que están de acuerdo totalmente PSOE y PP. Curioso este acercamiento de posiciones cuando las espadas están desnudas y en alto ante el inminente combate electoral. Pero la vida es así y se producen sorpresas como éstas.

Podrían haber desarrollados acuerdos que apuntaran a la mejora de las condiciones de vida de los casi 5.000.000 de parados y paradas, o de los 8.000.000 de personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en España. Pero al menos algo es algo, aunque ese algo precisamente por lo sorpresivo debe ser analizado con algo de detalle.
 
Comenzando por que dirigentes del PSOE se manifiestan de forma contradictoria sobre el apoyo a esta iniciativa. Concretamente López Garrido apoya la reforma, según ha manifestado este viernes, en declaraciones realizadas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Por otro lado el, otra hora “factótum” del PSOE, Sr Borrell, en ese mismo foro, no comparte la reforma propuesta y espera que sea sometida a referéndum a la ciudadanía. Precisamente este ex alto cargo socialista muestra su extrañeza preguntándose "¿Qué ha pasado desde hace una semana? Porque hace una semana tanto Zapatero como Rubalcaba ridiculizaban a Rajoy por proponer esta medida y ahora son ellos, por lo que algo tienen que haber ocurrido que todavía no sabemos".
 
Por su parte Lopéz Garrido viene a insistir que la reforma propuesta de la constitución no es ni conservadora ni progresista y que será en la aplicación año a año de los presupuestos generales del estado donde la ciudadanía podrá comprobar si se hacen políticas conservadoras o progresistas. Con el ataque frontal del gobierno socialista a todos los derechos sociales adquiridos por el pueblo en materia laboral y social, es evidente que debería la ciudadanía ser conservadora a ultranza. Al menos se conservarían las conquistas sociales que tantos años de pelea, muerte y represión le costó al movimiento obrero imponerlas. Porqué hay que preguntarse quién defiende una sanidad y educación como derecho real para todas las personas, o quien defiende que la jubilación se mantenga a los 65 o incluso se adelante (para generar más puestos de trabajo), o, ya que estamos, que los derechos recogidos, que nunca asumidos de la constitución, sobre el trabajo o la vivienda se materialicen de una vez por todas. Estos serían los temas constitucionales que deberían quitarle el sueño a sus "señorías", políticos de pacotilla, y no ese afán atropellado de proyectar una imagen de solvencia a los mercados internacionales, donde las grandes fortunas y empresas españolas tienen serios intereses, pactando introducir en nuestra carta magna algo de sentido común: Que no se puede gastar más de lo que se ingresa. ¡Hasta ahí se eleva la estupidez a rango de decisión política de altura!
 
Por otro lado el hecho de que se ponga un límite al gasto, nada menos que con el máximo rango legal, en modo alguno conjura el peligro "cierto" de que ese gasto siga siendo un dispendio, un sinsentido o un disparate. Porque no olvidemos que la Constitución nada dice sobre el sano juicio que deberían tener los legisladores y políticos de turno. Por ello recordemos aquello de que ¡aunque la mona se vista de seda…!

RFenoy

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