El juez debe de pensar que, si las encuestas de Michavila esta vez están en lo cierto, la mayoría de miembros del jurado serán votantes de la derecha y sabrán lo que hacer.En marzo de 2024, conocimos que la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría fabricado facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros. También que su abogado había reconocido el delito y estaba negociando con la Fiscalía sobre cómo librar a Alberto González Amador de la cárcel. En los días inmediatamente posteriores, varios medios ultraderechistas con financiación de la Comunidad de Madrid comenzaron a publicar que Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, estaría involucrada en un caso de corrupción. Ella escribía cartas de recomendación para empresas, y su marido y presidente iba al armario de los maletines con dinero público y les regalaba a estas compañías unos cuantos millones. Justo al mes de conocerse el caso González Amador, el caso Begoña lo ocupaba todo porque el juez Peinado había admitido a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias y fabricada con recortes de prensa sacados de medios financiados por Ayuso. Peinado abandonó su vida anterior, a la que ya nunca volvería, abandonando de paso el resto de carpetas que se apilaban en su mesa y dejando, así, que esos casos se fueran archivando por salirse de plazo. Por ejemplo, una investigación sobre la sospechosa financiación de Ok Diario, el periódico de Inda, con dinero público procedente del Ayuntamiento de Madrid.
Carpetazo a todo excepto al caso Begoña que iba transformándose periódicamente en un nuevo caso. Si el delito de tráfico de influencias no llegaba a buen puerto, Peinado investigaba si el software que la mujer del presidente utilizó en la Universidad Complutense, tenía licencia. De nuevo portadas y de nuevo, la nada. Cuando la apuesta por el software llegaba a su fin, el resto de casos sobre la mesa de Peinado también lo hacían y se archivaban definitivamente, porque al juez se le habían pasado los plazos –ahora una estafa piramidal cometida por una criptosecta–. De nuevo, Peinado abría una nueva vía contra Begoña que, como todas las anteriores, no llegaba a nada, pero se desarrollaba entre espectaculares interrogatorios en La Moncloa e imputación incluso de ministros. Investigación prospectiva se llama esta práctica prohibida por el derecho que consiste en “tú busca sin pruebas, que algo acabarás encontrando”. Y lo encontró. Peinado gritó eureka al descubrir que la secretaria personal de Begoña Gómez había mandado algún que otro correo en nombre de la mujer del presidente sin que el envío de estos correos fuese escrupulosamente parte de su trabajo. Lo que tanto buscó Peinado resultó ser prevaricación. Es decir, uso del dinero público (el sueldo que cobra su secretaria) de manera indebida.
Peinado tenía, por fin, el delito perfecto para salir de ese túnel de autohumillación profesional en el que se había metido. ¿Se imaginan que, tras año y medio de investigar la nada, el juez hubiera anunciado que no había nada? Un delito perfecto para las necesidades que había que cubrir porque la prevaricación es tan flexible que Jaime de los Santos, diputado del PP famoso por llevarle las bolsas de la compra a la esposa de Mariano Rajoy durante su mandato, gritaba esta misma semana en el Congreso que era un escándalo que esa secretaria mandase correos ajenos a su trabajo. Un delito para el que, sin embargo, había antecedentes poco halagüeños, pensó Peinado con razón. Hace unos años, se apostó por la misma fórmula contra Irene Montero. Recordarán el caso Niñera en el que la Justicia y las portadas apostaron con fuerza por convertir en escándalo de corrupción que durante un mitin una trabajadora de Podemos sujetara en sus brazos al bebé de la ministra de Igualdad. Irene Montero, utilizando el dinero público con el que se financian los partidos, se habría beneficiado de esa trabajadora. Un juez con menos sentido del humor que todos los directores de periódicos que llenaron sus portadas con este asunto, concluyó que ya somos mayorcitos para estas gilipolleces. Es decir, el riesgo para el juez instructor Peinado de que un compañero suyo, al juzgar el caso se negase a unir su nombre al del ridículo judicial, estaba ahí. Acosar judicialmente a un gobierno que no te gusta está bien, pero, ¿quién es el listillo que firma una condena de malversación de caudales públicos porque una secretaria mandó unos correos que no eran de su estricta competencia?
Peinado encontró una solución. Si al mes de saltar el caso Alberto González Amador Peinado abrió la causa contra Begoña Gómez, al día siguiente de decretarse juicio oral contra la pareja de Ayuso, Peinado anunció que enviaría al banquillo a la pareja de Pedro Sánchez porque la España fetén no pierde, como mucho empata. Y no tendrá que ser un juez quien pase el bochorno de unir su nombre al de Peinado, sino un jurado popular. Un giro inesperado, una decisión poco habitual, que habla bien del sentido del compañerismo de un Peinado consciente del ridículo marrón que supondría para un compañero tener que cerrar este capítulo con una condena de este tipo. Será el pueblo quien decida si, como las portadas llevan asegurando desde hace año y medio, Begoña Gómez es corrupta. Si las encuestas de Michavila esta vez están en lo cierto, dios lo quiera porque si sale absuelta comenzará una nueva campaña asegurando que Sánchez manipuló el proceso, la mayoría de miembros del jurado serán votantes de la derecha y sabrán lo que hacer. Las portadas podrán entonces decir que, efectivamente, Begoña era una corrupta, las subvenciones de Ayuso seguirán fluyendo, Jaime de los Santos brindará en el hemiciclo y Peinado podrá, al fin, jubilarse con la tranquilidad del deber cumplido.
Gerardo Tecé
