El 20-N elegimos amo

Gane quien gane, PSOE o PP, el 20-N el pueblo pierde seguro. Si sale triunfante el PP, como todo parece indicar, se ejecutarán las políticas de derecha que promulgó la sedicente izquierda en el poder, y se profundizará el nacionalcatolicismo que el gobierno socialista toleró e incluso asimiló con gestos como jurar y prometer los cargos ante una biblia y un crucifijo y financiar con dinero de todos a la Iglesia de algunos.

Si por el contrario el PSOE remonta y sigue, asistiremos al suicidio de la izquierda, al interpretarse ese salvoconducto como un cheque en blanco a su gestión gubernamental de claudicación ante la gran banca y los poderes fácticos.

Resulta el colmo de la desfachatez que a dos meses de las elecciones, el candidato socialista Pérez Rubalcaba se atreva a proclamar que con la deuda no caben políticas de derecha ni de izquierda, algo que incluso supera a la ocurrencia de Rodriguez Zapatero sobre que subir los impuestos no es de izquierdas. Aunque, en realidad, no se trata de errores de estrategia, guiños tácticos o fallos de comunicación, sino de puro y simple atropello y despotismo democrático. Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros países del G-20, tienen mayor porcentaje de deuda pública en relación al PIB que España. Así, pues, el argumentario patriótico no cuela. La segunda legislatura socialista concluye con una nueva contarreforma laboral que "encadena" (y nunca mejor dicho) contratos temporales "para crear empleo", y otra igualmente reaccionaria medida que eleva a rango constitucional la política de déficit cero que fuera timbre de gloria del malvado Aznar. Están dando la razón a los indignados: PSOE-PP, la misma mierda es.

Por si alguien aún lo dudaba, la cruzada urdida entre PSOE y PP para incluir un techo de gasto en las cuentas públicas prueba la mismidad de las políticas del gobierno y de la oposición. Se vote al partido saliente o al entrante, el resultado es más de lo mismo: Elegimos a nuestros explotadores. ¡Vivan las caenas! Y ahora ya no se trata de esos acuerdos sectoriales, llamados eufemísticamente Pactos de Estado, a que la clase política nos tiene malacostumbrados para hurtar al debate ciudadano aspectos sustanciales de la vida pública. Los "corralitos" sobre la Seguridad, la Educación, el Pacto de Toledo, la Ley de Partidos, el FROB y otros, utilizando el manido recurso del consenso y de la razón de Estado, hace mucho tiempo que revelaron la naturaleza logrera y parasitaria del sistema. Pero con el indecente episodio de la reforma constitucional exprés al dictado de los mercados de Capital, que dejará a la sociedad sin margen de recursos para atender demandas sociales no mercantiles, como sanidad, educación, cultura, medio ambiente, seguridad social o investigación, eleva a la categoría de paradigma la lucha de un Estado canibal contra la Sociedad civil, y la condición de enemigo público número uno del actual bipartidismo turnante en las instituciones formado por el PSOE y el PP.

La constitucionalización del "equilibrio presupuestario" (siempre el bonito nominalismo maquillando los chanchullos) supone un principio de privatización del Estado en su vertiente social, al limitar su capacidad financiera prácticamente al montante de sus ingresos, con lo que necesariamente gran numero de servicios básicos de carácter asistencial serán relegados por antieconómicos y cederán plaza al mundo de los negocios (si se tiene dinero para ello). El mismo esquema de engaño social que supuso el cuestionamiento de la solvencia de las prestaciones de jubilación para tajada de la gran banca, ofertante de planes de pensiones privados subvencionados con generosas desgravaciones por el régimen que nos dice representar. Porque durante estos 33 años de democracia otorgada, incluso desde antes si contemplamos los Pactos de La Moncloa de 1977, los dos partidos hegemónicos han brillado por aplicar idéntica política económica para facilitar la transferencia de los recursos públicos (fruto del trabajo acumulado de generaciones) a manos de particulares, siguiendo el guión oculto que los poderosos fijaron como hoja de ruta de la transición.

Establecido el marco de pertenencia al bloque neocapitalista (el atado y bien atado) que supuso la adhesión a la OTAN por iniciativa del gobierno felipista (las acciones más impopulares siempre las ha manoseado el PSOE para desarmar posibles rechazos y neutralizar disidencias) bajo el turbio eslogan de "OTAN, de entrada NO", las reformas estructurales de la derecha y la izquierda del sistema buscaron el mismo objetivo: Desmontar el Estado de Bienestar y fortalecer el Estado coactivo-disuasorio para engordar la economía de libre mercado y el statu quo. La entrada en el Mercado Común primero, y la adhesión a la Unión Europea después, cediendo competencias a entes no democráticos y sacrificando sectores de la economía nacional, como la agricultura, a intereses de terceros; la onerosa reconversión industrial y la ola de privatizaciones de empresas públicas rentables (Repsol, Telefónica, Banca Pública, etc.) para lucro de los lobbis partidistas, que fue la primera "reforma" que problematizó la capacidad recaudadora del Estado, y el reciente expolio de las Cajas de Ahorro por los tiburones financieros de la burbuja inmobiliaria, son algunos jalones de esa larga marcha hacia la expoliación que ahora se muestra en toda su barbarie.

Patéticos esos dirigentes socialistas (los Gómez, Vara, Aguilar, Griñán, etc.) que corrieron a acogerse al sagrado de la "obediencia debida" para retractarse de sus iniciales críticas al golpe de Estado neoliberal de Zapatero y Rubalcaba. "Voz del pueblo, voz de Dios", escribió Gregorio Peces Barba, uno de los "padres de la Constitución" (¿tiene madre?) a propuesta del PSOE en un reciente artículo lamentando que su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid hubiese sido barrido por la derechona, y ahora se despacha con que "no tiene mucho sentido estar dando vueltas a algo en lo que están de acuerdo aquellos que tienen mayoría suficiente". Olvida el ilustre jurista que también la incorporación de España a la guerra de Irak durante el gobierno Aznar gozaba de mayoría parlamentaria holgada y sin embargo, gracias a las movilizaciones de protesta de la sociedad civil, el PSOE ganó unas elecciones que ni de lejos esperaba.

Patéticos e indignos, porque ellos no aplicarán el equilibrio presupuestario a las siempre deficitarias cuentas de sus partidos, que seguirán siendo subvencionados generosamente por la usurera banca amiga, esa que regularmente, como recoge en su memoria anual el Tribunal de Cuentas, condona partidas de las deudas contraídas en las costosas campañas que despliegan las formaciones políticas para seducirnos con sus propuestas de quita y pon. Ellos, que acaban de endosar en el artículo 135 de la Carta Magna el principio de que el pago de la deuda contraída por la Administraciones Públicas gozará de "prioridad absoluta", es decir que llegado el caso se podría dejar de sufragar las pensiones para satisfacer a los mercados. Una atrocidad democrática de nuestros representantes que equivale a una ruptura de la cadena trófica humanista, y que viene a confirmar, como sospecha Jon Elster, que en la era de la globalización las constituciones están dejando de ser una garantía de derechos y libertades para revelarse como una camisa de fuerza de obligaciones y servicias. Se desregulan derechos colectivos y se regulan nuevas restricciones. Todo por nuestro propio bien. De victoria en victoria hasta la derrota total.

¡No nos representan!

¡Lo llaman democracia y no lo es!

Rafael Cid