Jueces por la Democracia (JD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han denunciado que las reformas legales que plantea el Gobierno contra los disturbios callejeros sólo pretenden "disuadir" a la población de manifestarse y cercenan derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Los portavoces de las asociaciones de izquierdas JD y UPF, José Luis Ramírez y María Morató, respectivamente, han dado cuenta en una rueda de prensa celebrada el 28 de abril de los acuerdos de sus ejecutivas, que se han reunido en Barcelona para consensuar su postura ante los cambios legislativos impulsados por el Gobierno.
En la reunión, los jueces y fiscales progresistas han aprobado varias resoluciones en las que expresan su rechazo a la reforma laboral, los cambios jurídicos anunciados contra la violencia callejera -aumentar castigos a través de una reforma del Código Penal- y el "hacinamiento" de los centros de internamiento de extranjeros, entre otros.
En general, Ramírez ha concluido que la ofensiva legal del Gobierno en todos esos ámbitos está provocando un desplazamiento "de un estado democrático de derecho a un estado penal" y el colofón de ello es, en su opinión, el anuncio de que se congelan la convocatoria de plazas de jueces y fiscales mientras se aumentarán las de policía.
En ese sentido, el portavoz de JD ha criticado las reformas legislativas planteadas por el Gobierno para endurecer las penas a los autores de disturbios en actos de protesta porque, a su parecer, "eleva al rango de problema general lo que son sólo anécdotas" y "vulnera derechos como el de reunión o manifestación" que la propia Constitución Española garantiza.
Para el portavoz de JD, lanzar a la ciudadanía el mensaje de que hay que emprender una reforma legal para evitar los disturbios pretende "disuadir" la contestación social, además de ser "innecesaria" porque el Código Penal ya tiene suficientes herramientas para perseguir la violencia callejera.
En concreto, Ramírez ha opinado que el cierre del espacio Shengen de cara a la reunión de bancos europeos de la semana próxima en Barcelona supone "un ejemplo" de que se están intentado "disuadir a aquellos que quieren manifestarse", cuando lo que Interior debería hacer es "adoptar medidas para proteger los derechos" de los que quieren protestar.
Los portavoces de JD y UPF también han criticado la propuesta de Interior de responsabilizar a los sindicatos y formaciones que convoquen manifestaciones en las que se desaten incidentes y, en esa línea, Morató ha pedido que, en aplicación de esa lógica, "los partidos sean también condenados cuando uno de sus miembros lo es por corrupción".
Respecto a la reforma laboral impulsada por el PP, ambos juristas han advertido de que retrotrae la legislación en la materia "al siglo XIX" y entrega al empresario "el poder absoluto" sobre sus empleados, lo que supone socavar las bases del derecho al trabajo.
Los jueces y fiscales progresistas también han denunciado el "hacinamiento" de los centros de internamiento, donde en su opinión se producen continuamente "violaciones de derechos fundamentales", y ha pedido que se regule la "vida diaria" de esas dependencias, teniendo en cuenta que acogen a personas que no son delincuentes, sino que simplemente carecen de permiso de residencia.
UPF y JD denuncian también que las pruebas que actualmente se practican a los menores inmigrantes que llegan a nuestro país "no tienen el rigor científico adecuado", por lo que exigen que sean coordinadas por médicos forenses o especialista en medicina legal.
Las asociaciones han criticado también el "hacinamiento" de las prisiones españolas y el alto índice de reclusos, por encima de las medias europeas, debido a la "vorágine represiva" que desde hace tiempo han impulsado los partidos políticos.
Como ejemplo, ha ilustrado Ramírez, si salen adelante los cambios legislativos anunciados por el Gobierno, nos encontraríamos ante "la 28ª reforma del Código Penal en apenas 17 años".
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