El Gobierno, enemigo número uno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vuelve a mostrar el más absoluto desprecio hacia uno de los derechos esenciales de la vida: la salud, en este caso la salud laboral, la cual se convierte en un artículo de lujo y, por consiguiente, privativo de las clases altas y poderosas (mundo empresarial, político, altas direcciones y ejecutivas).
La Ley se constituye sobre dos principios, absolutamente opuestos al principio de garantizar siempre la salud:
Primero: Conciben a las personas trabajadoras enfermas por el hecho de trabajar, como auténticas delincuentes, las cuales son siempre presumiblemente sospechosas de cometer fraude, intentando escaquearse de su obligación de trabajar.Volvemos a una concepción de la Seguridad Social "franquista", donde se dualiza el sistema de Sanidad Público: uno privado (mutualizado) para trabajadores y trabajadoras cotizantes y otro público cuasi descapitalizado que se asemeja a la beneficencia.
Por lo tanto y basado en esta concepción, la Mutuas Patronales se convierten en gestoras de todas las bajas, bien por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional, bien por Incapacidades Temporales por contingencias comunes. Su misión vigilar y castigar.
Segundo: El sistema público de salud, los y las profesionales de la medicina, que acceden al trabajo por concurso público, donde se valoran sus méritos y su capacidad, se ve cuestionado profesional y médicamente, dejando en manos del mercado privado (medicina privada) la capacidad para determinar si una persona trabajadora se encuentra enferma o no y, ahí, los criterios del mercado (rentabilidad, productividad) primarán sobre la realidad de la salud.
La Ley, da un paso más en esa "carrera a ninguna parte" que los gobiernos liberales han emprendido de privatización de todo lo público, violando los principios de equidad, universalidad y eficiencia para todas y todos.
El saqueo de lo público en esta Ley es preclaro: traspaso de fondos públicos, bien provenientes de las cotizaciones, bien de las pruebas de diagnóstico y de tratamiento, a la vez que se "autonomiza" la gestión de las propias mutuas, las cuales se regirán solamente por principios de ahorro de costes y rentabilidad.
CGT se opone y se opondrá en la calle y en toda la red sanitaria a esta "ley de mutuas de destrucción masiva de la salud de los trabajadores y trabajadoras" y lucha y luchará por un SISTEMA DE SALUD PÚBLICO, UNIVERSAL Y EFICIENTE para todos y todas.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
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