Este jueves, 24 de noviembre, se producirá una reunión entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO donde se tratará el tema de las pensiones, que también ha empezado a debatirse en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Para la CGT lo que está en la agenda es la firma de un nuevo acuerdo que garantice al capital la llamada "paz social" durante varios años más. Desde hace meses la CEOE y las grandes corporaciones financieras y de seguros vienen lanzando mensajes en los que se propone una nueva reforma de las pensiones, profundizando con ella los recortes que los mismos agentes ya pactaron en 2011 durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Por experiencia es sabido que de estas reuniones a cuatro bandas suelen salir acuerdos muy negativos para los trabajadores y para la mayoría de la población: reformas laborales, congelaciones de salarios, recorte de pensiones, deterioro de los derechos a la salud y la educación, etc. Todo el mundo recordará que con la excusa de la paz social, de crear empleo o de agilizar el mercado de trabajo se ha abaratado el despido, se han introducido los contratos basura y las ETT, nos han aplicado la movilidad funcional y geográfica, se ha dificultado el acceso a una pensión digna, etc.
Con las reformas de PP, PSOE, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO nuestras pensiones no sólo son de las más bajas de la UE (España dedica a las pensiones el 10.5% del PIB, mientras el resto de estados gasta entre el 13% y el 15.8%), sino que ahora ya son necesarios más años cotizados y jubilarse más tarde para tener acceso a la misma pensión que antes de 2011. También se ha ido incrementando el número de años a contabilizar para el cálculo de la cuantía a percibir tras la jubilación. Si a esto añadimos que los sucesivos aumentos de las pensiones por debajo del IPC real, comprobaremos que las pensiones han perdido ya una media de alrededor del 35% de su valor anterior al Pacto de Toledo.
Para CGT la paulatina descapitalización de la Seguridad Social, que celebran sin disimulo los neoliberales, para pedir una reforma de las pensiones no obedece sino a la grave caída de los ingresos vía cotizaciones empresariales (por exenciones y bajada de aportaciones) y de los trabajadores (por los bajos salarios, el alto índice del paro y los millones de horas extras que no se declaran ni cotizan) y al mayor gasto de los pensionistas que acceden a la situación de jubilación en estos años, donde se han producido numerosas prejubilaciones y jubilaciones anticipadas mediante expedientes de regulación (ERE) pactados.
Ante el nuevo ataque del sistema económico dominante, junto a sus aliados en lo político y sindical, la CGT considera no sólo regresivo y generador de más sufrimiento para las personas mayores y sus familias cualquier propuesta de recortar las pensiones o de excluir del sistema general cualquiera de sus modalidades (ya sean las orfandad, viudedad, etc.), sino que en tal intento de recortarlas sólo encuentra una razón, que no es otra que seguir privatizando derechos para ofrecer al capital nuevos y suculentos nichos de negocio.
Las propuestas de CGT, por el contrario, van en la línea de fortalecer el sistema público de pensiones, mejorándolas y ampliándolas, para garantizar una vida digna a las personas que han dedicado su vida al trabajo y al cuidado de su familia. Sabemos que el problema no es el dinero –ahora que tanto corre, aunque hacia unas pocas manos- y que unos mejores salarios, un empleo estable, unos impuestos mayores a empresas, bancos y grandes fortunas generarían ingresos suficientes para garantizar nuestras pensiones de ahora y las futuras. De no asegurarse este derecho, la CGT llamará a la movilización popular junto a todas las fuerzas sindicales y sociales que todavía consideren que su sitio está con los explotados y no con los explotadores.
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