Los sindicatos y la patronal tienen ya prácticamente ultimado un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva. Los trabajos están tan avanzados que no necesitarán agotar los plazos impuestos por el Gobierno, que expira el próximo 18 de marzo, para legislar en ausencia de consenso. Sin embargo, este acuerdo no impedirá que, al final, el Ejecutivo legisle sobre los salarios y sobre cómo se aumentan año tras año. El Gobierno prepara ya su reforma, en la que incluirá las propuestas de la canciller alemana Angela Merkel de no referenciar la subida de las retribuciones a la inflación y de eliminar las cláusulas de revisión salarial de los convenios.
En estos momentos el 45% de los trabajadores con convenio registrado en 2010, unos 3,3 millones de personas, cuentan con cláusula de revisión salarial. No obstante, esta cifra aumentará cuando se terminen de inscribir los 1.500 convenios pendientes de hacerlo. El Ejecutivo desea introducir grandes dosis de flexibilidad en la legislación en materia de negociación colectiva. Por eso referenciará por ley la evolución de las retribuciones salariales a las condiciones del momento de cada empresa. De tal manera que en unas compañías los aumentos salariales estarán vinculados a la productividad y en otras a los beneficios. De esta forma, el Gabinete de Zapatero recogerá las líneas generales del pacto de competitividad de Merkel, que votará en una primera vuelta el eurogrupo el próximo 11 de marzo.
Los sindicatos "aceptan por omisión"
Pese al rechazo verbal de las centrales sindicales, Zapatero llegará a la cumbre europea del 24 de marzo con los deberes hechos, dado que a pesar de ese rechazo sindical, las centrales no adoptarán ninguna medida de fuerza y darán un "sí por omisión" a la drástica reforma. En esa fecha la eurozona dará definitivamente el visto bueno al plan de "competitividad" auspiciado por Merkel y Sarkozy, que tira definitivamente uno de los rasgos característicos del Estado de Bienestar europeo: Asociación entre salario y aumento de precios.
Las jubilaciones, también se verán afectadas
Por otro lado, los expertos consultados por el Gobierno para hacer la reforma (entre ellos, la consultora Mckinley) apuestan por referenciar los incrementos de las pensiones a la evolución de la economía del país. Si el PIB experimenta crecimientos negativos propugnan congelar las nóminas de los jubilados. Por el contrario, en tiempos de bonanza estas prestaciones subirían en la misma proporción que lo hiciera la economía. Esto implicaría una durísima reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados de los países más débiles de la Eurozona.
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