• Las instituciones han decidido reducir el gasto social disminuyendo los presupuestos destinados a los servicios sociales públicos.
• Se recortan los presupuestos destinados a sanidad y educación; y se endurecen los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y se rebaja su cuantía.
• Se criminaliza a quienes perciben las diferentes prestaciones, se culpabiliza a las personas desempleadas y se niega a amplios sectores de la sociedad derechos sociales básicos como la sanidad, vivienda, educación.
• Todo el peso de la recaudación fiscal recae sobre las clases populares. La política de impuestos favorece a las rentas altas y de capital y se sigue permitiendo el fraude fiscal.
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