Han pasado ya 31 años del 23-F y por fin allende los Pirineos empezamos a saber algo que no sean las mentiras del poder sobre aquel golpe militar que fue más que un intento, y que por su singularidad celtibérica hizo entrar a España en el Libro Ginnes del esperpento: Fue el primer golpe de Estado en toda la historia perpetrado por policías de carretera, la Agrupación de Tráfico la Guardia Civil, también llamada por sus fans la Benemérita.
Más de tres décadas no han sido suficientes para que nuestras autoridades levantaran el velo del secreto de Estado que pesa sobre la documentación donde se recoge lo ocurrido. Aunque también cabría que esos archivos hubieran sido destruidos por aquello de la reconciliación entre todos los españoles con que se apañó la transición, como ocurrió con la oportuna desaparición de los expedientes policiales de la dictadura. Entonces había que maquillar las biografías de los fieles franquistas que por mor del generoso consenso iban a ocupar puestos de primera fila en la recién nacida democracia del 18 de Julio. En Alemania poco después de la caída del Muro de Berlín los archivos de la Stasi, la policía política del régimen comunista, se abrieron de par en par a todos los ciudadanos.
Esta amnesia proyectada al terreno de los legajos ha convertido al 23-F en un pozo sin fondo que hace de las hemerotecas españolas un saco de mentiras. Por eso, cada año aparecen nuevos libros con revelaciones de aquí y de allá sobre el golpe de nunca acabar, que lo único que demuestran es lo poco que realmente sabemos a ciencia cierta sobre aquel suceso escenificado como una suprema hazaña de Su Majestad.
Pues bien, el mito y la omertá que le amparaba empiezan ha derrumbare. La revista alemana Der Spiegel (El Espejo) ha sido la encargada de empezar a poner las cosas en su sitio al publicar un cable desclasificado del ministerio de Asuntos Exteriores en el que se cuenta que el Rey Juan Carlos manifestó al que entonces era embajador germano en Madrid que veía con simpatía a los golpistas porque querían lo mismo que todos. Otra vez la España real, mosca sobre la verdadera catadura del Rey en el 23-F, y la oficial, haciendo de su sospechosa omisión ditirambos de sublime valentía todo por la patria.
Ahora queda por ver quién de nuestros demócratas en nómina toma medidas de transparencia para que la verdad resplandezca. Porque con la legislación vigente en la mano, las palabras del Rey pueden suponer un caso de "enaltecimiento del terrorismo", previsto en la Ley de partidos, e incluso situarnos en los umbrales del delito de Rebelión, contemplado en el artículo 472 y siguientes del vigente Código Penal.
Y ya no vale llamarse andana ni tirar por la calle de enmedio. Hace tiempo que en el registro de las Cortes tuvo entrada un amplio informe del teniente coronel Amadeo Martínez Inglés relatando con fruición las claves de la supuesta implicación del monarca, solicitando a la Cámara su remisión al gobierno de la nación a efectos de su clarificación, de cuerdo con el derecho de petición recogido en el artículo 77 de la Constitución.
RCid
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