Franns Rilles perdió su brazo mientras trabajaba en un horno de Real de Gandia sin las debidas condiciones de seguridad y sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Los hechos ocurrieron en mayo de 2009. Ha pasado tanto tiempo que el suceso, que en su día ocupó decenas de páginas de periódico y programas de televisión, puede haber caído en el olvido. El juicio, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia, se celebrará el próximo mes de febrero en el juzgado de lo Penal número 1 de Gandia. Casi cinco años después de que se produjera el trágico accidente. La lentitud de la Justicia favorecerá, una vez más, a los acusados. Se trata de Juan Javier R. y Raúl R., los propietarios de la empresa donde trabajaba Franns, de nacionalidad boliviana.
La demora en señalar el juicio, debido al colapso que sufren los juzgados de lo Penal de Gandía, de los más sobrecargados de España, hace prácticamente inevitable la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, tal y como reconocen desde la Fiscalía.
Esta circunstancia podría rebajar hasta en dos años, uno por cada delito, la condena que podría imponerles el juez. La Fiscalía solicita seis años de prisión para cada uno de los acusados; tres por tener a los trabajadores sin contrato y otros tres por no establecer las obligatorias medidas de seguridad en el empleo de la maquinaria.
El propio fiscal de Siniestralidad Laboral, Jaime Gil, lamenta la situación de los juzgados de la Safor y las consecuencias que depararán en el procedimiento. "Produce frustración y desconcierto", resume. Y más en este asunto, que se calificó en abril de 2010. Desde entonces, sólo restaba poner fecha al juicio.
Gil reconoce que la atenuante de las dilaciones se presenta como algo "ineludible". Se trata de un retraso "injustificado" y más tratándose de un asunto relativamente sencillo en su instrucción.
A Franns le fue amputado el brazo por encima del codo al sufrir un accidente mientras vertía levadura en una máquina amasadora. El aparato carecía de una rejilla de seguridad desde hacía más de un año. No existía, por tanto, un mecanismo que hubiera evitado el siniestro. Los dos acusados conocían perfectamente este problema, pero no adoptaron medidas. Pero además, el trabajador nunca recibió ningún curso de formación ni se le advirtió de los riesgos que corría al manipular esa máquina.
No era la única irregularidad que se cometía en las citadas instalaciones. Según recoge la calificación de la Fiscalía, los acusados contrataron al trabajador lesionado y al menos a otras tres personas sin que ninguno tuviera su documentación en regla. Los empresarios tampoco abonaron cuota alguna a la Seguridad Social. Aparte de lo anterior, el centro presentaba graves carencias como la falta de ventilación o la existencia de un depósito de gasoil sin la correspondiente autorización. La Inspección de Trabajo había levantado actas por estas infracciones.
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