La asociación exige la completa retirada de esta medida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y critica la incapacidad del Gobierno que preside Mariano Rajoy para gestionar los recursos públicos.
Para FACUA, la falta de información y consulta a agentes sociales como las asociaciones de consumidores para la redacción de la reforma están sembrando la incertidumbre entre los ciudadanos y los propios trabajadores de los registros.
Quién asumirá los costes
FACUA pide al Ejecutivo que aclare quién asumirá el coste de inscripciones o certificaciones de trámites como matrimonios, nacimientos o defunciones, que hasta ahora eran financiados por los ciudadanos a través de sus impuestos.
A pesar de que Justicia afirmara en octubre que estos trámites no acarrearían ningún coste para los usuarios, FACUA recela de que la reforma pueda esconder el pago de trámites que pasen desapercibidos en un principio para la ciudadanía.
FACUA señala que ya existen demasiados precedentes en ese sentido, como cuando Gallardón declaró que las tasas judiciales eran recuperables para los demandantes que ganaban un recurso, algo completamente falso: las tasas sólo se recuperan si condenan a costas a la parte contraria, por lo que sería ésta última y no Hacienda la encargada de devolver su cuantía siempre y cuando no se declarase insolvente.
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