La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece en su artículo 44 que los consumidores tendrán derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios" (apartado 1.i).
En contra de lo establecido en esta nueva norma, el borrador de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su régimen jurídico de contratación plantea que los usuarios no podrán conocer las tarifas que les cobrarán hasta que no les lleguen las facturas. Así, el importe de cada kWh consumido será distinto cada día o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados los consumidores lo que supondrá la aplicación de sesenta tarifas distintas en cada periodo bimestral para quienes no tengan aún los nuevos contadores de telegestión habilitados y unas 1.500 tarifas para los que sí dispongan de ellos.
El disparatado sistema facilitará a las compañías nuevas subidas injustificadas y provocará un auténtico caos, con un recibo infinitamente más opaco que hará prácticamente imposible verificar si se producen errores o fraudes en la facturación.
Asimismo, la pretensión del Ejecutivo vulnera la legislación española en materia de consumo. FACUA señala que no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios, de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones. Se trata de un derecho reconocido en la legislación de protección de los consumidores desde mediados de los años 80.
La información sobre el precio de un servicio antes de su contratación es un derecho esencial de los consumidores. Así lo recogen los artículos 20 y 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Asimismo, el artículo 85.10 de la citada norma considera abusivas "las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio".
FACUA recuerda que el eléctrico se ha convertido en el tercer sector más denunciado por los consumidores españoles, tras las telecos y la banca. El nuevo sistema puede provocar un incremento exponencial de las reclamaciones que las autoridades competentes de ámbito estatal y autónomico no están en absoluto capacitadas para atender dada su enorme falta de medios.
Auténtica aberración
FACUA considera que el sistema que pretende imponer el Ministerio de Industria, Energía y Turismo representa una auténtica aberración. Y es que implica la imposición al consumidor del pago de tarifas que no conocerá hasta recibir la factura y que dependerán del mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista diseñado por el Gobierno del PP a finales de los 90. Una fórmula que FACUA rechazó desde su implantación y que en la última década ha provocado subidas brutales que alcanzan el 75% para el usuario medio. Subidas que se han visto agravadas por la subasta impuesta por el Ejecutivo del PSOE en 2009, que introdujo un plus de especulación en el sistema.
El mercado mayorista eléctrico, conocido como pool, funciona mediante un sistema de pujas por el que se van adjudicando los paquetes de electricidad hasta cubrir la demanda total, siguiendo un rango de precio ascendente, esto es, de la oferta más barata a la más cara. El precio final de la electricidad o precio marginal, que es el que se paga a todos los generadores por igual, viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada.
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