La movilización de los trabajadores del Centro de Transfusiones y de los sanitarios y pacientes que forman la Marea Blanca no ha servido, en este caso, para frenar las privatizaciones de Ignacio González. El acuerdo sellado con Cruz Roja, que ha puesto en el punto de mira a la entidad privada por las condiciones en las que se llevarán a cabo desde hoy las donaciones a pie de calle, ha echado a andar definitivamente a pesar de la polémica que ha suscitado.
De esta forma, la ONG se va a encargar desde hoy y en exclusiva de las extracciones a pie de calle, y cobrará a la Comunidad de Madrid 67 euros por cada bolsa de sangre hasta un máximo de 9,3 millones de euros al año, una cantidad que se ha fijado en concepto de gastos de personal, materiales y otros. Este punto del acuerdo ha sido de los más polémicos, ya que ni los trabajadores públicos que antes realizaban este trabajo ni muchos ciudadanos entienden que el Gobierno regional vaya a pagar esta cantidad de dinero en aras de evitar una supuesta "duplicidad" en las donaciones.
Es precisamente por ello, y ante la posibilidad de que se quedasen en la calle los 130 trabajadores del Centro de Transfusiones que realizaban este trabajo hasta hoy, que la plantilla de este centro se encerró hace 26 días. Una protesta con la que no han logrado que se frente la última privatización del PP, pero que sí ha servido para que el Ejecutivo autonómico se comprometa, a priori, a mantener el empleo.
Dicho compromiso no llegó de la mano de Javier Fernández-Lasquetty, quien cerró el convenio con Cruz Roja, sino de su sucesor en la Consejería de Sanidad, Javier Rodríguez. Dos semanas después de tomar posesión de su nuevo cargo firmó un acuerdo con los sindicatos que componen la Mesa Sectorial (SATSE, CCOO, Amyts, CSIT-UP, UGT y USAE), en el que se garantizaba el mantenimiento de la plantilla y la reubicación de los profesionales que realizaban las colectas en la vía pública.
Un compromiso que los trabajadores del Centro de Transfusiones ven con buenos ojos, pero que no va a servir para acallar sus protestas contra la privatización de las donaciones. Así lo ha asegurado la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (ADECETMA), que tras anunciar el fin del encierro ha afirmado que la plantilla seguirá saliendo a la calle para explicar a los ciudadanos los términos del acuerdo y para llamar a donar sólo en hospitales o en el Centro para evitar este "atropello" y acabar con el ‘negocio’ de Cruz Roja.
En un comunicado colgado en el blog del colectivo, los trabajadores afirman que el fin del encierro no es más que un "punto y aparte" en sus movilizaciones, ya que el apoyo que han recibido de los madrileños en todo este tiempo les ayuda a seguir luchando contra la privatización de las donaciones. Afirman que ahora queda "la labor más importante", que no es otra que ir "uno por uno a cada uno de los madrileñ@s con el convenio en la mano a explicarles el acuerdo firmado entre la Consejería de Sanidad y la Cruz Roja ".
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