Fallece el niño dependiente a quien el Gobierno de Cospedal exigía facturas para pagar sus cuidados

El recurso de alzada llegó tarde. Jomian Leonel, de 13 años de edad, falleció en Cuenca este miércoles a consecuencia de las graves deficiencias psicomotoras que padecía y que exigían el cuidado completo por una persona durante las 24 horas del día. Sin embargo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores Cospedal, ninguneó durante meses a la madre de este gran dependiente aquejado, además, de parálisis cerebral, le faltaba un pulmón y el otro lo tenía seriamente afectado por la escoliosis severa que padecía, lo que le provocaba anemia constante y no podía quejarse porque no podía hablar ni comunicarse; no controlaba esfínteres, requería transfusiones de sangre constantemente y como cierre de este relato esperpéntico no podía comer vía bucal por lo que tenía que ser alimentado mediante botón gástrico, como ya informó ELPLURAL.COM el pasado 9 de marzo aportando distintos documentos, entre los que se encontraba el siguiente parte médico.

387,64 míseros euros o el precio del déficit

Yulisa, madre del malogrado pequeño y de otros tres hijos, en paro y con ingresos de 640 euros, tenía que aportar facturas de todo tipo, con el correspondiente IVA, por supuesto, para justificar los míseros 387,64 euros que recibía como ayuda al cuidado de Jomian. No sólo eso, el Gobierno de Cospedal justificaba el pago adelantado a la madre como "prevención a la situación de dependencia, cuando la Consejería de Sanidad lo calificaba como gran dependiente". Para el portavoz de la Plataforma de la Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña, "es vergonzoso que digan que lo hacen así para asegurar que el dinero vaya al dependiente, lanzando todo tipo de sospechas de fraude sobre la madre". El portavoz ha mandado un comunicado a los medios, donde dice que: "Yulisa, su madre, rota de dolor, podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia, o de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya sí es una línea roja que no se debe cruzar?".

Vulneración de hasta nueve normativas

Y es que el caso del pequeño Jomian ha levantado ampollas entre la clase política y los dependientes, cuya plataforma acusa al Gobierno de Cospedal de vulnerar hasta nueve normativas en el mismo acto administrativo. Es decir, el Ejecutivo del PP no respeta ni siquiera sus propios decretos como lo prueba la omisión de los artículos 13.1 y 14.1 del decreto 26/2013 del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, así como los derechos constitucionales previstos en los artículos 10, 14, 15, 43 y 49 de la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, conocida como Ley de Dependencia.

Estrangulamiento de la dependencia

Está claro, al PP le molesta la Dependencia y hace todo lo posible en Castilla-La Mancha para "estrangular las ayudas", como denuncia la Plataforma, que recoge la caída preocupante de las prestaciones (591 solicitudes menos, 456 dictámenes menos, 524 personas han perdido el derecho…), acusando al Gobierno de Cospedal de "mantener una implacable caza del cuidador familiar, ya que este mes han batido su propio récord con 379 personas que han perdido su prestación económica", añaden, "desde junio de 2011 6.525 dependientes han perdido su derecho".

El Tribunal de Cuentas desmiente a Cospedal

Razón no le falta a esta Plataforma, que fue acusada por el director general de Dependencia castellano-manchego de defraudar centenares de miles de euros y de utilizar la picaresca para cobrar, incluso dijo que los muertos seguían cobrando. Pues no, el Tribunal de Cuentas ha desmentido públicamente al Gobierno de Cospedal, recordándole que de 28.000 dependientes que había cuando el PP llegó al poder sólo en el 1,6% se detectó algún tipo de irregularidad.471 casos que suponen 35.000 euros, o lo que es lo mismo un "fraude escandaloso" de 74 euros por caso. En este sentido, los dependientes continúan con sus denuncias ante la Fiscalía toledana, que mantiene abiertas diligencias preprocesales de carácter penal contra el director General de Personas Mayores, Discapacidad y Dependencia de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer.

El Plural