La negativa del Ministerio de Justicia se suma al varapalo que las organizaciones ecologistas han recibido con otras leyes, como la de tasas, que ha encarecido hasta diez veces los costes de los procesos judiciales, o la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que acorta los plazos de exposición pública, por lo que se tiene menos margen para estudiar los proyectos y poder recurrirlos.
Si no hay un cambio de actitud por parte del Ministerio de Justicia, los cinco grupos ecologistas (Greenpeace, Seo-BirdLife, Ecologistas en Acción, WWF y Amigos de la Tierra) denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de convenios internacionales como el de Aahrus, firmado por España en 2004 e incorporado a la normativa comunitaria. Este pacto compromete a los Estados a que el acceso a la justicia en materia medioambiental ha de ser real y efectivo y los procesos rápidos o poco onerosos o gratuitos.
El Ministerio de Justicia defiende que, con el nuevo proyecto de ley de acceso a la justicia gratuita, la situación de las organizaciones medioambientales queda igual, e incluso se mejora un poco, ya que se han elevado los umbrales de renta. Con la ley anterior, de 1996, una sociedad de utilidad pública necesitaba demostrar que sus beneficios anuales eran inferiores a 19.170 euros para no tener que pagar abogado y tasas judiciales. Ahora tendrán derecho si estos beneficios no rebasan los 31.950 euros.
Las ONG se sienten discriminadas con respecto a otras asociaciones, como las de consumidores, Cruz Roja, o sindicatos, a quienes no se les examinan las cuentas, y reclaman que se cumplan las directivas comunitarias.
En 2006, España dio un primer paso para adaptar la legislación al convenio de Aahrus. Fue con la Ley de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, pero la trasposición quedó a medias, porque estaba pendiente actualizar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que era de 1996.
Ecologistas en Acción es una de las organizaciones que desde entonces ha solicitado y conseguido justicia gratuita en numerosas ocasiones. "Con el nuevo decreto se van a crear muchos problemas de argumentación, a la hora de saber qué ley prevalece", predice Jaime Doreste, coordinador del área jurídica de Ecologistas.
La nueva ley de justicia gratuita era la oportunidad perfecta para equiparar a las ONG medioambientales con otras asociaciones. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruíz Gallardón, les mantiene esos baremos amparándose en un informe del Consejo de Estado en el que se les pidió que revisaran la extensión de este beneficio a las asociaciones declaradas de utilidad pública y que se rige por un criterio completamente económico.
"Un procedimiento normal cuesta 400 euros, un recurso, 500, ahora hay que pensarlo mucho antes de recurrir y encima nos enfrentamos al agravio con la administración pública, que está exenta de estos recargos", explica María Soledad Gallego, abogada de Seo-BirdLife, una de las organizaciones ambientales que más batalla planta en los tribunales.
Los letrados de estas organizaciones coinciden en que las ONG más pequeñas no podrán cumplir el requisito de la utilidad pública porque para ello se requiere cierta solvencia económica, mientras que a las más grandes les costará demostrar insuficiencia de recursos para litigar. Además, a partir del tercer caso anual deben demostrar que no están abusando, algo que las propias organizaciones conservacionistas ven "absurdo" ya que muchas de ellas actúan en todo el territorio nacional y acudir a los tribunales es su recurso final en los casos más graves. "Una de nuestras funciones de nuestra utilidad pública es defender el medio ambiente en razón del interés general, si es necesario por la vía judicial y en el número de casos que haga falta", argumentan.
Rita Rodríguez, abogada de WWF, se sorprende con la facilidad con la que los jueces de altos tribunales españoles invocan el Convenio de Aahrus, mientras el Gobierno actual parece ignorarlo. "Implicó un compromiso de los Estados miembros de facilitar un acceso a la justicia en materia de medio ambiente por entender que las asociaciones estaban llamadas a desempeñar un papel activo para mejorarlo y preservarlo", destaca.
En una de sus últimas reuniones con Gallardón, las ONG se encargaron de hacerle llegar una copia, pero no parece haber surtido efecto. "Creímos que nos había tomado en serio", se lamenta Lawrence Sudlow, portavoz de amigos de la Tierra.
La condena a Reino Unido
Las sanciones por incumplir estos acuerdos internacionales llegan, aunque apenas pasan del escarnio público. En febrero, Reino Unido fue condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no poner los medios legales necesarios para que los procesos judiciales relacionados con el medio ambiente sean excesivamente onerosos para particulares y asociaciones. La sentencia precisa que el coste total del procedimiento debe ser conocido de antemano por el recurrente, de forma que no se le genere una incertidumbre. Según el fallo, que condena en costas al país, se impidió que la ciudadanía accediera a la elaboración de planes y programas relacionados con el medio ambiente.
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