Una vez más, gobiernos serviles a las instituciones financieras responden a las lógicas capitalistas en beneficio de las grandes empresas y de sus accionistas. La lógica no es nueva, pero responde a un sistema en el que la violencia no hace más que acentuarse hasta puntos insostenibles.
La movilización popular que se está extendiendo como una mancha de aceite en Francia y más allá ha tenido como elemento desencadenante la Ley del Trabajo (o Ley El Khomri, por el apellido de la actual ministra de Trabajo), que sería más justo llamar "Ley del Capital".
Como dice el comunicado del 8 de abril de la Nuit Debout en París, "esta reforma no es un caso aislado, puesto que se inscribe en el conjunto de 'tratamientos' de austeridad sufridos por nuestros vecinos europeos y tendrá el mismo efecto que el Jobs Act italiano o la reforma laboral española: más despidos, más precariedad, más desigualdad y el refuerzo de los intereses privados. Nosotros nos negamos a soportar esta estrategia de choque, impuesta particularmente en un contexto de estado de emergencia liberticida".
En efecto, en Irlanda, en Grecia, en Portugal, en Chipre, en España, en Italia, en Rumanía, en la República Checa, en Eslovaquia, en Estonia, en Hungría, en Francia o en el Reino Unido, nuevas ofensivas atentan contra los derechos laborales.
Por orden de instituciones no electas y al servicio del capital transnacional –Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional–, prosigue la puesta en marcha de medidas legislativas.
Éstas facilitan despidos sin motivo y los hacen menos costosos para los empresarios, establecen la bajada de salarios o el recurso al trabajo precario, debilitan la negociación colectiva en beneficio de acuerdos de empresa cuando no es por la 'buena voluntad' del patrón –"descentralización del derecho al trabajo hacia la empresa"–.
Por ejemplo, recordemos que una de las primeras medidas de la Troika en Grecia con el primer memorándum de 2010 consistía en restringir los convenios colectivos a costa de los trabajadores en un país en el que el salario mínimo cayó de 751 a 580 euros.
El programa económico que acompañó la entrada de Croacia en la UE, en 2013, preveía que el país "simplifique sus procedimientos de despido colectivo, amplíe el abanico de actividades autorizadas a las empresas de trabajo temporal y elimine el límite mensual de horas extra".
"Recomendaciones"
En Francia, en una "recomendación" oficial fechada a 14 de julio de 2015, el Consejo de la Unión Europea ordena al Gobierno de Manuel Valls "facilitar, a nivel de empresa y de sector, las derogaciones de disposiciones jurídicas generales, principalmente en lo que concierne a la organización del tiempo de trabajo".
Un mes y medio más tarde se publica el proyecto de Ley del Trabajo que retoma lo esencial de las exigencias del Medef, la patronal francesa, y obedece a las órdenes de la Comisión Europea. Esta última aprovecha ese momento para criticar, en un informe anual, un mercado de trabajo "rígido" y se apresura a alentar la reforma venidera.
El Código Laboral sería demasiado protector en Francia, habría que demolerlo para cumplir con las exigencias de la patronal. Y estamos asistiendo, sin duda, a una demolición metódica que permite desestructurar las relaciones entre asalariados y patronos, regidas por los convenios colectivos y el Código Laboral.
En lugar de defender los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa, verdadero objetivo del Ministerio de Trabajo cuando fue creado en 1906, se hace exactamente lo contrario: se subordinan los derechos humanos a los derechos de la empresa y de sus accionistas.
Esta demolición de un siglo de historia de derecho laboral construido por las luchas sociales victoriosas es una verdadera contrarrevolución al servicio de los financieros.
Tras la lógica del estado de emergencia y el intento frustrado de su proyecto demagógico y xenófobo de retirada de la nacionalidad, el Gobierno de Hollande se obstina frente a un movimiento popular creciente que rechaza su política antisocial.
Partiendo del punto neurálgico del capitalismo, el trabajo y su explotación, esta rebelión va más allá para cuestionar el sistema en su conjunto. Una relación orgánica se establece de este modo entre los estudiantes y los sindicalistas condenados de Goodyear, los trabajadores en lucha de Air France-Roissy, los obreros de PSA Peugeot Citroën de Poissy, de la RATP, de los ferrocarriles, los trabajadores intermitentes y precarios, etc. Y hace posible la convergencia de las luchas, única capaz de alcanzar el umbral crítico que permite voltearlo todo.
En Francia, si el Gobierno ha dado marcha atrás en relación al proyecto inicial –límite a las indemnizaciones laborales, aumento de las horas de trabajo de los aprendices, etc.–, las medidas más perjudiciales siguen en vigor.
La ley facilitaría los despidos baratos, permitiría imponer en caso de dificultades económicas coyunturales reducciones de salario y/o la flexibilidad del tiempo de trabajo…
Este movimiento naciente ofrece la oportunidad de internacionalizar nuestras luchas contra esos mismos ataques que se generalizan más allá de las fronteras en favor del capital.
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