La Fiscalía francesa quiere llevar a juicio a Orange y a siete de sus exdirigentes, entre ellos el que fuera presidente Didier Lombard, por considerar que hay pruebas que demuestran que puso en marcha desde 2007 una política de gestión de sus empleados que puede calificarse de acoso moral.
El Ministerio Público reprocha a Orange –entonces operaba como France Telecom- haber creado las condiciones de un clima de ansiedad para la plantilla y alude hasta 60 suicidios en un periodo de tres años, de los cuales 35 se produjeron entre 2008 y 2009, en medio de una reestructuración de la empresa. Lanzada en 2006, como consecuencia uno de cada tres empleados han dejado la empresa.
La requisitoria de la Fiscalía lleva fecha del pasado 22 de junio, según han adelantado medios como el diario Le Monde. Este paso marca una de las últimas fases de la instrucción, en espera en unas semanas de la decisión del juez, que debe decidir si habrá proceso o se archiva el procedimiento.
La investigación se abrió en 2009 sobre la base de las denuncias de los sindicatos del operador de telecomunicaciones, que se quejaban de unos métodos de gestión del personal "de una extrema brutalidad", algo que ponían en relación con las alrededor de 60 personas que se suicidaron en tres años.
En el origen de todo está la reestructuración anunciada en 2006 por la dirección de la compañía estatal, que preveía la salida en tres años de 22.000 de sus empleados como consecuencia de una privatización parcial, cuando sus efectivos totales eran de 110.000 personas.
Entre los exdirigentes que la Fiscalía quiere llevar al banquillo están, además de Lombard, el que fuera su "número dos", Louis Pierre Wenes, y quien estaba al frente de los recursos humanos, Olivier Barberot, todos ellos inculpados por acoso moral. Además, en la lista de siete hay otros cuatro antiguos responsables procesados por complicidad en ese mismo delito.
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