La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés ha declarado "injustificada" y ha dejado sin efecto la sanción impuesta por la dirección, al tiempo que pone de manifiesto la existencia de una "vulneración de los derechos fundamentales al honor, intimidad, libertad sindical y de expresión" en la actuación de la papelera.
La empresa procedió, durante varias semanas, a realizar un seguimiento, por medio de un detective privado y del GPS, al jefe de aprovechamientos forestales de la planta de Navia y delegado de Comisiones Obreras. El proceso llevó a la dirección de la empresa a sancionar con treinta días de empleo y sueldo al investigado, por supuestas faltas de puntualidad. El trabajador en cuestión defendió desde el primer momento que cumplía con todas las horas que estipulaba su contrato, en el que disponía de flexibilidad en los horarios.
Ahora, la jueza considera que la sanción ha sido "injustificada", y condena a la empleadora, Ence, al pago de los salarios que dejaron de abonarse en cumplimiento de la sanción. De igual forma, en el fallo se incide en que se han vulnerado derechos fundamentales del empleado. "Se declara la nulidad de la actuación de la empresa demandada, ordenando el cese del comportamiento contrario a los derechos fundamentales invocados y obligando a la demandada a la difusión del contenido de esta sentencia en los tablones de anuncios de todos sus centros de trabajo, tanto reales como virtuales", concluye la sentencia.
"Es la ratificación de algo que veníamos asegurando desde el primer día, que este compañero es inocente de lo que se le acusaba, de haber incurrido en faltas de puntualidad", señala, visiblemente satisfecho con la decisión de la jueza, Javier Rodríguez, presidente del comité de empresa de Ence en Navia, que subraya que "de las dieciséis infracciones que se le imputaban al empleado, se ha demostrado que ninguna es cierta".
Rodríguez recuerda que en la huelga vivida en el mes de agosto a causa de este episodio, la plantilla exigía que se respetasen los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. "Pedíamos, y con razón, que la empresa dejase de coaccionar, de cualquier forma, a los empleados. En este caso, con una investigación y un expediente a un trabajador por haber hablado libremente en una asamblea y haberse erigido después como delegado sindical", afirma el presidente del comité.
Por su parte, la dirección de la empresa ha sostenido, desde el momento en que se inició la tramitación del expediente, que los medios empleados para comprobar si existían o no "graves incumplimientos laborales" habían sido respetuosos con la legalidad vigente y que la investigación se ajustó a la jornada laboral del trabajador "para preservar en todo momento su intimidad".
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