El Estado español tiene un problema con el racismo, reforzado por una falta de reconocimiento que impide afrontarlo en su totalidad. Un racismo que va más allá de su expresión social y se agrava cuando proviene de Administraciones e instituciones que deberían velar por garantizar los derechos y las libertades de toda la ciudadanía.
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Tranquilos, los partidos de izquierda han prometido derogarla en cuanto lleguen al gobierno.
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