La negociación colectiva está prácticamente paralizada. Hasta noviembre se han registrado 2.002 convenios, que afectan a 655.758 empresas y 5,79 millones de trabajadores. La mitad que hace un año. Esto es una consecuencia directa de la reforma laboral aprobada en febrero. Los empresarios tienen mayor margen de negociación y los sindicatos se resisten. En el trasfondo está la rebaja salarial, a pesar de la devaluación interna que se ha producido en cinco años de crisis.
Lo primero que ha producido la reforma laboral es una incertidumbre enorme. Fue aprobada el 12 de febrero, pero hubo modificaciones sustanciales hasta septiembre. De hecho, en julio se definió la ultraactividad. El retraso, como explica Salvador Rey, socio del bufete Cuatrecasas, es históricamente inherente a los cambios legislativos y se acrecienta porque la reforma no ha sido consensuada y eso se traduce en mayores diferencias en la negociación.
El segundo factor que está influyendo es que se han abierto nuevas opciones de negociación para aumentar la flexibilidad interna -como la clasificación profesional o el tiempo de trabajo-. Los empresarios van más lejos y afirman que el principal escollo es que los sindicatos han dado el mandato para que la reforma no traspase a la negociación colectiva. Es decir, que no se aplique la reforma a través de la negociación, y eso dificulta el proceso.
Los sindicatos se defienden argumentando que el problema de verdad es la bajada de sueldos. La mitad de los convenios pendientes son prorrogados y simplemente estaban pendientes de la revisión salarial, explica Toni Ferrer, de UGT. Esta situación se ha denunciado en la comisión de seguimiento del acuerdo sobre negociación colectiva, donde la CEOE, CCOO y UGT se han comprometido a dar un impulso a los convenios, como explica Ramón Górriz, de Comisiones.
A todo ello hay que sumar que nadie sabe muy bien cómo funciona la nueva normativa. De los 32 ERE que han acabado en litigio, 24 se han fallado a favor de los trabajadores, pero muchos por defecto de forma. Por esta razón todos los expertos están a la expectativa de la doctrina del Tribunal Supremo. Como explica Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy, este mismo patrón de conducta se produjo en la reforma laboral de 1994. Después, las cosas se normalizaron.
Lo cierto es que la reforma tenía como objetivo facilitar la flexibilidad interna para frenar la destrucción de empleo. El balance es desolador porque en un año se ha incrementado el número de parados en 799.700 personas y se han superado ya en noviembre los 6 millones, según Eurostat. El nivel de paro se ha situado en el 26,2% de la población activa, por lo que supera a la Gran Depresión de los años treinta en EE.UU.
La reforma facilita el despido económico, reduce la indemnización por despido improcedente y, aunque suprime el despido exprés, también ha eliminado la autorización administrativa previa.
Los ERE no pactados se han incrementado un 83% según el Ministerio de Empleo. Estas cifras indican que los ERE de extinción no han aumentado mucho, lo que demuestra que las empresas optan por el despido individual porque es más fácil para el patrón ante una situación generalizada de menor actividad. De hecho, generaliza el despido improcedente en 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades y facilita el despido por causas objetivas (20 días por año trabajado con un tope de una anualidad).
La reforma facilita la rebaja de salarios (artículo 14) y, aunque es difícil cuantificar la evolución de los sueldos, según la OCDE España es el país en el que más han bajado los costes laborales, que iniciaron una senda descendente en mayo del 2010. Un tercio de las empresas ha revisado a la baja los sueldos de sus trabajadores desde que se aprobó la reforma.
Aún son un misterio el balance del contrato estrella de la reforma, el indefinido de apoyo a los emprendedores (con un año de periodo de prueba sin coste de despido), así como las medidas de fomento del empleo juvenil.
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