2014 va a ser el año que probablemente más novedades traiga en cuanto a fijación de precios. Entrará en vigor la ley de desindexación, que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre y que inicia su tramitación parlamentaria; se diseñará un nuevo mecanismo para determinar la tarifa de la luz; por primera vez, las pensiones ya no se revalorizan con el IPC sino con una fórmula que tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema... Y, sin embargo, hay algo que no cambia. Llega enero y con él subidas de precios en productos básicos.
Por lo pronto, el recibo de la luz en 14 millones de hogares y un millón y medio de pequeñas empresas se encarecerá un 2,3% de media durante el primer trimestre. A partir de abril posiblemente ya existirá un nuevo sistema -el Gobierno se plantea hacer subastas mensuales en lugar de trimestrales- y veremos si la energía eléctrica se encarece o se abarata. España tiene la tercera electricidad más cara de Europa, según los datos de la oficina estadística comunitaria.
El transporte también será más caro. A una previsible subida de los carburantes se une el incremento ya decidido por Renfe del 1,9% en el precio de los billetes de Cercanías, Media Distancia -tanto convencional como Avant- y Feve. En 2013, estos billetes subieron un 3% y un 10,9% en 2012. Según Renfe, un billete sencillo de Cercanías aumentará al menos cinco céntimos, pasando de 1,60 euros a 1,65 euros.
A su vez, las tasas aeroportuarias -que pagan las aerolíneas pero repercuten al viajero en el billete- subirán un máximo del 2,5% a partir del 1 de marzo, según anunció el presidente de Aena, José Manuel Vargas, aunque las tasas de ruta y aproximación se mantendrán congeladas.
Si viajar en tren y en avión será un poco más caro, el coche tampoco resultará barato. Los peajes de las autopistas estatales se incrementarán el 1,85%, aunque eso no afectará a las autopistas de titularidad autonómica. Por ejemplo, la Xunta de Galicia ha anticipado que mantendrá los precios de los peajes en 2014.
Otro bien básico, el agua, tampoco tiene un precio igual en todo el país. Por dar sólo dos casos, en Barcelona subirá un 5,6% mientras en Madrid bajará un 0,1%.
Otra sorpresa y es que, por aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debería elevarse del 10% al 21% el tipo impositivo de IVA a aplicar en determinados productos sanitarios como las gafas graduadas, las lentillas, los audífonos, las vendas, las tiritas y hasta las máquinas de diagnóstico o los escáneres.
Otro ajuste de tipos de IVA repercutirá en los trámites notariales de operaciones financieras, como los préstamos hipotecarios o compraventa de acciones. Hasta ahora, en España no se aplicaba el IVA bajo la premisa de que eran operaciones financieras (que no llevan IVA), pero Bruselas ha precisado que no son operaciones financieras y deben gravarse con un IVA del 21%.
Por otra parte, Telefónica ha anunciado que no subirá la cuota de abono en enero, por lo que se mantendrá en 14,38 euros. Sin embargo, eso no significa que el alquiler de la línea telefónica permanezca inalterado todo el año, ya que en 2013 la compañía que preside César Alierta aplicó en abril una subida del 2,9%.
Congelación de sueldos
Estas subidas contrastan con la congelación de sueldos aprobada por el Gobierno para los funcionarios en 2014 o la del salario mínimo, que permanecerá invariable en los 645,30 euros al mes. El acuerdo de negociación colectiva entre sindicatos y patronal fijaba moderación salarial para 2014, con un incremento no mayor del 0,6% si el PIB crece menos del 1% -en la actualidad, la previsión del Gobierno es que crezca un 0,7%-. A ello se suma que las pensiones sólo suben un 0,25%, el mínimo fijado en la Ley del Indice de Revalorización y del Factor de Sostenibilidad. Conforme a esta norma, las pensiones ya no se actualizan con el IPC, sino con una fórmula que busca el equilibrio presupuestario del sistema y que tiene en cuenta sus gastos e ingresos.
Las pensiones no son las únicas que dejarán de estar referenciadas a la inflación. El proyecto de Ley de Desindexación de la Economía aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes desvincula los precios de los servicios públicos del IPC y crea un nuevo índice de referencia destinado al sector privado. Los aumentos de precios en el sector público deberán estar justificados exclusivamente por la evolución de los costes del servicio. Con ello, argumenta el Gobierno, se evitan los llamados efectos de segunda ronda: un precio sube lo que ha aumentado el IPC y esta subida lleva a que el IPC se incremente repercutiendo en otros productos. En el ámbito privado las actualizaciones dependerán de la voluntad de las partes: si no hay pacto explícito no se realizará la actualización. Si el pacto no especifica el índice de referencia, se utilizará el nuevo Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que será igual a la inflación en la zona euro menos un factor corrector que permita recuperar la competitividad perdida. Tendrá un techo del 2% (objetivo de inflación del BCE a medio plazo) y un suelo del 0%.
Los servicios públicos básicos afectados por esta ley representan aproximadamente, el 7% del presupuesto familiar de los españoles. Mientras se tramita el proyecto de ley en el Parlamento, una enmienda en la Ley de Presupuestos ya aprobada dispone un régimen transitorio en esta línea. Aún así, no ha evitado subidas de precios en servicios públicos como el transporte para 2014, aunque sí las ha situado por debajo del 2%.
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