El último sindicato que ha puesto en marcha una campaña para recabar fondos en la Comunidad, cuyo parlamento acumula el mayor número de diputados imputados en España, es la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta organización advierte de los enormes costes que supone el acceso a la Justicia, lo que puede provocar la paralización de asuntos ya judicializados o el impulso de nuevas acciones. Por ello, anunció "la puesta en marcha de una campaña contra la corrupción y para la recuperación de los fondos públicos saqueados", que tendrá como finalidad financiar acciones judiciales y cualquier otro tipo de actividad "necesaria contra la corrupción".
Jueces, fiscales, abogados y procuradores coinciden en que el Gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado una serie de decisiones que han encarecido el acceso a los tribunales.
El incremento desmesurado de las tasas judiciales, la asunción de costas judiciales prohibitivas para las organizaciones sociales y sindicales, la imposición de fianzas desorbitadas o el control que se ejerce en determinados casos sobre la Fiscalía, como puede ser la del Tribunal de Cuentas, impide la persecución de la corrupción. De hecho, los juristas más influyentes de la Comunidad, en un encuentro organizado a petición de El MUNDO, ya avisaron que la corrupción se combate con medios y no cambiando artículos del Código Penal.
Existen autos donde se condenan en costas a 16.000 euros a organizaciones que propusieron investigaciones
El Tribunal de Cuentas tiene competencias para enjuiciar la llamada responsabilidad contable y la malversación de caudales públicos.
Las condenas en costas se calculan en función de las cuantías de los procedimientos, es decir, en función de las cantidades que supuestamente se pueden haber defraudado por parte los gestores públicos, y se aplican para el cálculo los baremos indicativos de los Colegios de Abogados, en lo previsto para los procesos civiles, que son mucho más elevadas que las previstas para los procesos contencioso-administrativo.
El proceso ante el Tribunal de Cuentas es más similar al contencioso-administrativo que al civil. Entonces ¿por qué se aplican entonces los criterios del proceso civil? Encarecer el procedimiento podría ser uno de los motivos.
La CGT ha creado en Valencia los bonos contra la corrupción para que "aquellos ciudadanos que quieran colaborar en acciones contra la corrupción puedan ayudar a su financiación". El sindicato ha puesto en marcha una página web específica para hacer "un seguimiento de los casos de corrupción, así como del destino de los fondos recaudados, asegurando la máxima transparencia en su gestión". Sobre todo, para evitar cualquier sombra de sospecha tras los escándalos por la presunta corrupción en el seno de la UGT.
Los socialistas valencianos también han puesto en marcha iniciativas similares. La lucha contra la corrupción le ha costado al partido de Ximo Puig más de un millón de euros por sus personaciones en tramas como Gürtel o Brugal. A finales de 2012, las dificultades financieras empujaron al PSPV a poner en marcha una recaudación de fondos para seguir como acusación en estos casos e implicar a la ciudadanía en los resolución de tramas.
En Brugal, por ejemplo, el PSPV ha cambiado de despachos en varias fases de la instrucción al no poder afrontar las minutas de los abogados y Gabriel Echávarri , secretario general en Alicante, dirige ahora la asesoría jurídica en una trama que llegará a juicio en 2014.
Acudir a los tribunales nunca ha sido gratis y a mayor recursos para peritos o medios, más garantías de éxito. Los honorarios de los abogados siempre han sido objeto de críticas y si el letrado de una organización pide en el proceso una ndemnización elevada las costas irán relacionadas con la cantidad que se reclame. Los colegios de abogados son los que vigilan estos aspectos.
El Tribunal de Cuentas, un órgano que debería facilitar el acceso a organizaciones que piden fiscalizar cuentas públicas, ha modificado su sistema para calcular costas. Ahora se corren más riesgos para iniciar procedimientos y existen autos de la sección de enjuiciamiento donde se condenan en costas a 16.000 euros a organizaciones que propusieron investigaciones.
La CGT ha tenido que renunciar a ejercer la acusación popular en la pieza sobre los excesos de la ópera de Valencia por el riesgo de condena en costas. "Este tipo de condena limita la persecución de casos de corrupción", aseguran desde su departamento jurídico. De ahí que el apoyo de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a la investigación del Palau de Les Arts se interprete como un éxito.
El ejercicio de estas acciones persiguen un interés general y buscan recuperar los fondos públicos que presuntamente se hubieran sustraído. Determinadas organizaciones sindicales o sociales, cuyos recursos económicos (basados fundamentalmente en la cuotas de sus afiliados) son muy limitados, no podrían hacer frente a las multas en caso de que exista condena en costas. "Lo verdaderamente lamentable es que ésta, como otras denuncias, se basan en la información de instituciones públicas como la Sindicatura de Cuentas o la propia Conselleria de Hacienda (Intervención General), que se limitan a informar sobre las ilegalidades, sin que actúen iniciando las vías judiciales oportunas para exigir las responsabilidades que procedan", reiteran.
El efecto de las tasas
La ley de tasas, que todos los operadores jurídicos rechazan, implica adelantar unas cantidades desorbitadas para conseguir llegar a juicio. La consecuencia: gran parte de la población dejará de acudir a reclamar sus derechos. Jueces, abogados y fiscales coinciden en que se veta el derecho a la Justicia y se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución.
También afecta a la corrupción pues "el establecimiento de las nuevas tasas persigue frenar los procesos judiciales", según CGT. De hecho, por primera vez hay que pagar por pleitos del orden contencioso-administrativo. Esta es la vía judicial donde se controla la actuación de las Administraciones Públicas, por tanto, es uno de los caminos esenciales para perseguir presuntos abusos.
En un procedimiento abreviado se paga 200 euros, en uno ordinario 350 euros, en un recurso de apelación 800 euros y en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo 1.200 euros. Estas cantidades se acumulan por lo que un proceso de estas características cuesta entre 2.200 y 2.350 euros, según los abogados consultados.
La imposición de costas judiciales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cambió en 2011 tras el impulso de la Ley de Agilización Procesal del Gobierno del PSOE.
Hasta ese momento la imposición de costas se hacía sólo si el tribunal apreciaba la existencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso. Tras la modificación, la regla general en la imposición de costas es que se condena a pagarlas a quien es vencido en el proceso judicial, es la llamada regla del vencimiento, propia hasta ese momento del proceso civil. Para las organizaciones sociales que denuncian la corrupción, "estas acciones limitan el acceso a la Justicia poniendo barreras de tipo económico". Es la factura que hay que pagar para denunciar la corrupción.
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