¿Se imaginan una "Fundación Hitler" en Alemania?, ¿una Fundación Mussolini en Italia? Pues en España, claro, sí es posible la existencia de una "Fundación Franco", para humillación y vejación perpetua de los cientos de miles de víctimas que sufrieron su existencia y su paso por la Jefatura del estado español. Pero no solo eso: además, para elevar al máximo el grado de humillación y vejación de las víctimas, se permite el "lujo" de amenazar con denuncias a quienes osen eliminar nombres de fascistas y de franquistas asesinos y genocidas de las calles. Sí, esto es España.
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha amenazado este martes con reprobar y demandar a los alcaldes y concejales que aprueben la retirada de "monumentos, vidrieras, escudos y estelas por daños al patrimonio histórico artístico del pueblo español".
En un comunicado la Fundación trata así de coaccionar a los ediles que recientemente han anunciado que adaptarán los callejeros municipales a la Ley de Memoria Histórica, como en el caso de Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Cádiz o Santiago de Compostela.
Para la FNFF, eso no es lo prioritario "ante los graves problemas contra los que clamaron en la campaña electoral", como la malnutrición infantil o los desahucios.
Añade que "la extrema izquierda", el PSOE y los nacionalistas han vuelto a enfrentar a los españoles y "no vacilan en difundir mentiras", especialmente sobre el número de desaparecidos aún por enterrar.
Acusa al PP de ser "responsable del actual clima de discordia por negarse a derogar" la Ley de Memoria Histórica y aplicarla en "numerosos municipios contra el sentir de sus votantes".
A su juicio, si hay que dejar solo en los callejeros a los "intachables demócratas" habría que eliminar también a La Pasionaria, Santiago Carrillo o Lluis Companys.
"Ante esta nueva campaña revanchista", la Fundación propone la derogación "cuanto antes" de la Ley de Memoria Histórica y el respeto a los nombres de las calles y monumentos como testimonio de una época de España, "algunos sufragados por voluntad popular, cuyo juicio debe dejarse a los historiadores y no a los políticos".
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