COESPE: No nos callarán

La primera fase de la Reforma de las pensiones a través del acuerdo adoptado en el Congreso, modifica el modelo interterritorial, solidario y sostenible que hasta el momento ha posibilitado el mejor sistema público de pensiones. Con esta nueva Ley Escrivá, que resta derechos hasta ahora conocidos, se abre una incertidumbre importante puesto que las intenciones del poder financiero, al introducir al capital en la gestión del dinero de las pensiones, abre un camino muy evidente, donde restar derechos y obtener beneficios económicos, políticos y de poder por medio de sus principales socios, la banca y las entidades aseguradoras.

Abrir la vía a los planes privados colectivos de empresas y sectores a través de la negociación colectiva, mediante un fondo público con gestión privada, y a la vez crear una agencia de la Seguridad Social con el fin de ejecutar todos los cambios adoptados para la modificación del modelo público, como un instrumento a medio plazo, que nos lleva hacia la privatización de parte del Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social. Todo esto acompañado de medidas en materia laboral restando derechos, congelando salarios y castigando a amplios sectores de trabajadoras y trabajadores, que se ven ya penalizados en materia de jubilaciones.

A pesar de los grandes discursos y de toda la propaganda efectuada en los medios de comunicación, controlados por el poder financiero, con la colaboración necesaria de las cúpulas y los aparatos sindicales y patronales, que van a estar en la gestión cobrando por ello, del cambio de modelo hacia lo privado. La Ley Escrivá sanciona estos cambios, aumenta la edad de jubilación a los 68 años, extiende hasta los 25 años el periodo de cálculo de las pensiones públicas. Penaliza las jubilaciones anticipadas a cotizaciones superiores a los 40 años, endureciendo el sistema de jubilaciones anticipadas, prima económicamente el aumento de la edad de jubilación y bonifica a las empresas a través de quitas de cotizaciones y en determinadas situaciones de bajas laborales, dejando por tanto sin resolver aspectos de la realidad social, que el colectivo pensionista con COESPE a la cabeza, seguimos demandando y exigiendo.

La ley Escrivá hace perder poder adquisitivo en un 3% de manera permanente a las pensiones públicas en los próximos 5 años. Exigimos la revalorización de las pensiones con el IPC real y las pensiones mínimas contributivas y no contributivas equipararlas con el SMI como primer paso al cumplimiento de la carta social europea, que termine con la pobreza y la brecha de género. Asimismo, estaremos vigilantes para que se realice la auditoría pública de la Seguridad Social y así restituir lo indebidamente gastado de los fondos de los salarios diferidos de los y las trabajadoras a la caja común de la Seguridad Social. Seguiremos luchando para que no se lleven a cabo los planes privados de empresa.

COESPE seguirá trabajando por la unidad y la organización del colectivo pensionista.

Denunciamos y denunciaremos ante la ciudadanía la pérdida de derechos públicos a que estamos siendo sometidos, y como reflejo de esta voluntad de dignidad y exigencia, el próximo día 14 de diciembre entregaremos al Gobierno de coalición una carta con las demandas y exigencias del movimiento pensionista de nuestro País.

Ni un paso atrás, Gobierne quien Gobierne las pensiones y los derechos públicos se defienden.

Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)