Las distintas Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias, muestran soluciones dispares y no demasiado claras en relación a asuntos tan importantes como la remisión de partes de baja. En la mayoría de los casos se está valorando la posibilidad de emitir, junto al parte de baja, un parte de alta automático a los siete días, pero no se prevén medidas de acompañamiento que garanticen que la persona afectada está en plenas condiciones para poder volver a trabajar, con lo que sin duda se está vulnerando el derecho fundamental a la salud de las personas afectadas. Hay comunidades autónomas, como Aragón, que solicitan que este trámite de dar bajas y altas por contingencias comunes los puedan realizar las Mutuas, con las evidentes implicaciones que ello conlleva, o incluso hay comunidades autónomas que están valorando la posibilidad de incorporar al Sistema Público de Salud a estudiantes de medicina que aún no han concluido sus estudios.
La precarización de los servicios públicos era ya una cuestión más que evidente desde que, hace años, vimos cómo los trabajadores y trabajadoras de la sanidad se organizaban en sus propuestas en torno a los distintos colectivos en defensa de la sanidad pública. La pandemia no ha hecho más que multiplicar exponencialmente aquella problemática. Sin embargo, desde las instituciones se sigue recurriendo a la improvisación, se sigue sin realizar una gestión seria y se sigue sin dotar económicamente de forma adecuada a estos servicios públicos, fundamentales, que deberían ser el sostén de la salud de todos y todas y que deberían de garantizar una calidad y condiciones mínimas a toda la ciudadanía
Por una sanidad pública de calidad para todas
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
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