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domingo, 6 de septiembre de 2020

Noticias

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Un bochornoso artículo de El Mundo plantea si las pensiones son demasiado generosas en España
  
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Una dudosa alarma sobre los okupas
  
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Ayuso falsea los datos diarios de Coronavirus, retrasando su comunicación diaria
  
Laboro: Opciones legales de los trabajadores ante la "vuelta al cole" y el COVID-19
  
El Tribunal de Cuentas: el ente que fiscaliza a políticos y está copado por los partidos
  
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El bloqueo de Casado a los Presupuestos supone un boicot en toda regla a las ayudas de Bruselas

martes, 5 de marzo de 2019

11-M: Todas a las calles en defensa del Sistema Público de Pensiones

La Coordinadora Estatal para la defensa del Sistema Público de Pensiones, vuelve a convocar a todas las personas jubiladas, mujeres y hombres, jóvenes, asalariadas y desempleadas, a salir a la calle, como única garantía de que tengamos un futuro, donde nuestras Pensiones Públicas sean universales y en cuantía suficiente para poder vivir una Vida digna y decente.
  
Los Sistemas Públicos de Pensiones deben estar garantizados y constituir un Derecho Fundamental de todos y todas, para lo cual se hace necesario y urgente que se deroguen las leyes del 2011 y el 2013, las cuales aumentaron la edad de jubilación; aumentaron el periodo de cálculo de la pensión; endurecieron los requisitos para percibir el 100% de la Base Reguladora; rebajaron las cotizaciones empresariales; devaluaron y robaron todas las pensiones, con el cuento del "déficit" y empobrecieron, aún más, a las millones de pensionistas, a la vez que fomentaron y fomentan el expolio y la rapiña del sector financiero- asegurador, por medio de los "planes privados de pensiones".
  
El Sistema Público de Pensiones viene obligado, por mandato constitucional (artículos 50 y 41), a contar siempre con recursos suficientes, para garantizar pensiones universales a la tercera edad y que estas sean suficientes y actualizadas en su cuantía.
  
La garantía de este Derecho Fundamental, está cubierta a través de los PGE (siempre habrá recursos suficientes para las pensiones) y el "estado", gobierne quien gobierne, viene obligado a materializar este Derecho para todos y todas.
  
Los gobiernos, sean quienes sean, tienen que fiscalizar los sistemas privados de pensiones, a la vez que abordar una reforma fiscal urgente, donde se obligue al capital (como empresario, como rentista, como inversionista) a contribuir en función de sus ingresos y eliminar de manera radical el "robo legal" que se realiza a través de los topes máximos en la cotización, a la vez que eliminar los beneficios de los Fondos Privados de Pensiones que sustraen a la Caja Común de los Sistemas Públicos de Pensiones, miles y miles de millones de euros.
  
Garantizar pensiones suficientes para todas y todos, que ninguna de ellas este por debajo de los 1.080 euros, no sólo es posible, sino que es un acto de Justicia Social.
  
Porque nos han robado el presente y quieren robarnos el futuro, sal a la calle el 11 de marzo de 2019 en defensa de nuestro Sistema Público de Pensiones.
Gobierne quien Gobierne, las Pensiones se Defienden

miércoles, 17 de octubre de 2018

Acuerdo PSOE y UP

Acuerdo de PGE 2019: Presupuestos para un Estado Social.
 
Desde CGT, ante este Acuerdo, decimos lo del clásico…"Amanece… que no es poco" pues, quitando lo que materialmente ya se encuentra en PGE 2018 del PP, asumidos por la Alianza de PSOE, UP, PNV, ERC, PDCAT, la subida de las Pensiones según IPC para 2018 y 2019, con cláusula de revisión y el incremento del SMI a 900 euros a partir del 2019, todo queda "pendiente" para desarrollar más adelante.
 
Las grandes Reformas llevadas a cabo por PSOE en el 2010/2011 y el PP en el 2012, las Reformas Laborales, la Ley Mordaza, la reforma del artículo 135 de la CE, que garantiza el desmantelamiento del "estado social", así como las leyes fiscales del "embudo" que operan en este estado y en la Ueuros y que otorgan garantía jurídica al capital (grande, mediano y pequeño), los dos grandes problemas creados por las políticas "autoritarias" del club de mercaderes de la Ueuros, el déficit y la deuda, que dieron lugar a expoliar y robar todos los derechos laborales y sociales de las clases asalariadas (la mayoría social)…, estas reformas contra las clases asalariadas, no van a ser derogadas (parece que serán parcialmente enmendadas por vía parlamentaria a lo largo del 2018 y 2019)...
 
La retórica parlamentaria lo sustenta todo, y el papel sobre los compromisos y el deber que la política tiene hacia los ciudadanos y ciudadanas permite "grandes enunciados", como eso de… "presupuestos para un estado social….", pero los hechos concretos: sobre el empleo, los derechos esenciales para la vida (vivienda, energía, sanidad, educación, dependencia), rentas salariales y/o prestaciones sociales que garanticen una vida digna para todos y todas… demuestran todo lo contrario de lo que se enuncia por la política institucional, con excepciones parciales (pensiones, casi en exclusividad) muy directamente ligadas al nivel del conflicto de la calle.
 
Resulta un ejercicio de mala pedagogía pretender hacer creer que se ha metido mano a los verdaderos responsables (grandes corporaciones financieras, industriales e inmobiliarias) de esta sociedad empobrecida material y culturalmente, a la vez que descohesionada, a través de enunciar que el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que facturen más de 20 millones de euros pasa a ser del 15% de su base imponible, no de los beneficios netos, y el incremento del IRPF de 2 puntos a las rentas de capital a partir de 130.000 euros, de 4 puntos a partir de 300.000 euros, los distintos impuestos a las tecnológicas (3%), transacciones financieras (0,2%)..., no deja de ser sino un "escaso remiendo" para coser el tejido social roto por el robo y entrega a estos mismos "capitales" de cientos de miles de millones de euros, con las leyes tributarias y financieras, constituidas en todas las políticas "austoritarias" llevadas a efecto con la gran "crisis-estafa" desde el 2007 (aquí, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).
 
Desde CGT, al igual que desde ciertos sectores sociales, especialmente los movimientos sociales reales, quienes luchan contra este modelo neoliberal de capitalismo y sufren la descohesión y la injusticia social, sabemos que solamente se cambian las reglas de juego cuando millones de personas deciden movilizarse: los "lunes al sol" de las personas pensionistas; las huelgas generales del movimiento feminista; las huelgas de las más precarias (Kellys, contratas y subcontratas, falsos autónomos y autónomas); las plataformas en defensa de lo público (educación, sanidad, dependencia, ferrocarril…); los movimientos de migrantes y los movimientos solidarios contra el crimen que el capitalismo global viene realizando con millones de personas; los movimientos por la libertad de expresión, opinión, manifestación, huelga, en contra de leyes y sentencias liberticidas que impiden ejercer estos derechos y encarcelan las ideas y a las personas…
 
Sabemos que dichas reglas están constituidas para garantizar un modelo de vida y un sistema para unos pocos (los poderosos, las grandes corporaciones, el capital…) y son absolutamente incompatibles con un modelo de vida sostenible, que garantice la cohesión social y la justicia social, a la vez que no destruya las bases ecológicas de la vida.
 
No nos fiamos de la retórica socialdemócrata e insistimos en que solo la acción movilizadora de las clases asalariadas, será lo que recuperare el derecho de todos y todas a vivir dignamente.

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO

domingo, 8 de julio de 2018

PGE 2018: Gobierne quien gobierne, los Derechos se defienden

El 4 de julio 2018, han sido publicados los PGE para este año. Que sean publicados por un gobierno del PSOE, no significa sino que son los mismos PGE pergeñados, elaborados y aprobados por todos los partidos burgueses, incluidos los vascos y catalanes, los cuales profundizan en la senda de la reducción del gasto público sobre el PIB, que comenzó en el 2010 con un gobierno PSOE.
 
En su exposición de motivos lo dejan muy claro… "los PGE para 2018, continúan con la misión de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la U€…", "…respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2018-2020, se siguen manteniendo los objetivos del déficit, de tal manera que en el 2020 todas las Administraciones Públicas, salvo la Seguridad Social, alcanzarán el equilibrio presupuestario…", es decir, a cuenta de un déficit y de una deuda no pública y fijados ambos criterios por Bruselas desde el 2010, el gasto público (pensiones, salarios de personal público, sanidad, educación, dependencia, prestaciones de desempleo, etc.) se va a quedar en el 2021, solamente en el 38,6% del PIB, lo cual supone el nivel más bajo en 12 años de "crisis-estafa" y nuestra diferencia en el capítulo del gasto público respecto a la U€, se coloca en casi 7 puntos.
 
Cumplir con la U€, como se viene haciendo desde el 2010 y la culminación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en el 2011, ha implicado efectos muy negativos sobre los derechos esenciales de las personas: "el gasto en sanidad es aproximadamente inferior en 9.600 millones de euros al que existía antes de los recortes. En vivienda, 8.000 millones inferior; en educación, 7.400 millones; en prestaciones por desempleo 7.200 millones; en cultura 5.700 millones, en familia e infancia, 2.700 millones, etc".
 
El Estado Español, dedica casi 50.000 millones de € menos a la protección social, que lo que aportan y se gastan la media de los países de la U€ y, esto solo es debido a la acción política de los distintos gobiernos.
 
Las políticas económicas, fiscales, laborales y sociales de unos y otros gobiernos se han hecho a la medida del capital, tanto el financiero-especulativo, como el industrial y de servicios, logrando un reparto tan desigual de la riqueza, que hasta los mismos organismo internacionales (OCDE, Comisión Europea), hacen llamadas de atención sobre los "despropósitos, robos y desposesión" que se han producido sobre salarios, pensiones, y prestaciones sociales como desempleo, a la vez que un gran incremento del gasto para la mayoría social, al tener que abonar pagos en las "medicinas", dedicar dineros "que no se tienen" a la educación, a la dependencia, etc.
 
Han instaurado un estado permanente de injusticia social, donde los privilegios y el "robo legal" (más allá de la corrupción) de una minoría, conforma un orden social autoritario y carente de libertad para la mayoría: el sistema fiscal es soportado hasta en un 72% por las rentas provenientes del trabajo. Los beneficios empresariales con tasas superiores de incremento a las mejores de los años del "ladrillo y la especulación", en cambio aportan menos de la mitad en impuestos a la Hacienda Pública, que lo que aportaban en el 2010. Las grandes corporaciones industriales, de comunicación, de energía, aportan a la Hacienda Pública, ni tan siquiera el 7% de las decenas de miles de millones de beneficios declarados en el 2017.
 
Y esta situación, se ha hecho en nombre del déficit y de la deuda, por cualesquiera de los gobiernos existentes desde el 2008; y el PSOE, conjuntamente con quienes le llevaron al poder, esta convencido de continuar con idénticas políticas fiscales y económicas: lo importante es cumplir con "Europa", lo de la derogación de las reformas laborales; la derogación inmediata de la ley mordaza y la amnistía social para todas las personas encausadas y/o encarceladas por luchar por los derechos sociales y laborales; la reforma drástica del Impuesto de Sociedades y de Capitales; el blindaje del sistema de pensiones públicas suficientes para todos y todas; la creación de escuelas infantiles públicas suficientes para toda la infancia de 0 a 3 años; la dotación presupuestaria a niveles de dignidad de la ley de dependencia y la creación de una red pública, dotada de recursos humanos, personas cualificadas y suficientes, para cuidar y atender a todas nuestras personas mayores dependientes; etc.., eso tiene que esperar.
 
CGT se sigue reafirmando en esa voz colectiva que emerge cuando las personas toman la calle: "Gobierne quien gobierne, los Derechos se defienden" y, para poder recuperar los Derechos robados, el único camino es la lucha. En ello estamos.

jueves, 5 de julio de 2018

5-J: Hoy entra en vigor el nuevo permiso de paternidad de 5 semanas

Será aplicable a los nacimientos de hijos que se produzcan desde el 5 de julio de 2018, inclusive, fecha en la que entra en vigor el BOE que reforma el Estatuto de los Trabajadores respecto a este permiso. Este permiso no hay que solicitarlo, está concedido por el Estatuto de los Trabajadores, el padre simplemente tiene que comunicar a la empresa que va a disfrutarlo.
 
El 4 de julio se publicó en el BOE la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, según la cual con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el artículo 48.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que queda redactado de la siguiente manera:

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cinco semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso regulados en los apartados 4 y 5.
 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, este derecho corresponderá solo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso regulado en el apartado 5 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
 
El trabajador que ejerza este derecho podrá iniciar su disfrute durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato por las causas establecidas en los apartados 4 y 5 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
 
El período de suspensión será ininterrumpido salvo la última semana del período total a que se tenga derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa a las que se refiere el párrafo anterior. Dicho acuerdo se adoptará al inicio del período de suspensión.
 
La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. En todo caso, el régimen de jornada será el mismo para todo el período de suspensión incluido, en su caso, el de disfrute independiente a que se refiere el párrafo anterior.
 
El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.
Puedes ver más detalles sobre este permiso en Laboro.
  
Recuerda que el Tribunal Constitucional podría "subir" el Permiso de Paternidad a 16 semanas.
 
Leer también: Disfrute parcial del permiso de paternidad.

lunes, 16 de abril de 2018

Presupuestos Generales del Estado

Un juego de "trileros" para seguir tratándonos como súbditos.
 
Resulta muy tramposo –populismos aparte- que la clase política, la que manda por delegación de las oligarquías financieras e industriales, ahora planteen unos PGE 2018 basados en la "recuperación económica", que sin duda desde el 2014 las grandes empresas y los banqueros se han beneficiado de la misma, para plantear medidas electoralistas, en primer lugar, y de "reparto de las migajas" que les sobran a la clase empresarial y rica, en segundo lugar.
 
Medidas como la subida de pensiones hasta un 3% para el 2018, a la vez que el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las personas que trabajan en lo público para los próximos tres años, no restituyen, ni tan siquiera el poder adquisitivo perdido desde que comenzaron las políticas autoritarias en el 2008, siendo el caso de las personas de la función pública a las que directamente les bajaron los sueldos un 15% de media, a la vez que las pensiones, con excepción de las mínimas, desde el 2010, han sido o bien congeladas o bien incrementadas en el 0,25%.
 
Los empleos públicos perdidos en educación, sanidad, cultura, dependencia, fueron miles, a la vez que se dejó de invertir en todo lo que significa lo público, para entregárselo al mercado y de esta manera, expoliar recursos públicos.
 
Nada de esto se revierte, todo lo contrario, "sus propuestas de migajas" se basan en que resulta cuanto menos "poco presentable" –injusticias sociales aparte- que se mantengan el 52% de las pensiones por debajo del SMI; que tengamos unas pensiones no contributivas, muy por debajo del nivel de pobreza y que solamente 1,4 millones de pensionistas, sobre los casi 9 millones, tengan una pensión suficiente y adecuada.
 
Como resulta absolutamente "tramposo y trilero" que el acuerdo de "rentas y empleos" para los próximos tres años, pactado entre el gobierno corrupto del PP y los sindicatos "del régimen", oculte la falta de inversión en lo público, la reversión de todo lo externalizado, el fraude masivo en las contrataciones públicas, y la no dignificación del trabajo público.
  
Sus otras medidas "populistas y electoralistas" basadas en la reducción del IRPF en 1.000
euros para familias con menores de 0 a 3 años, ocultan la falta de inversión en la creación de una red de escuelas públicas infantiles que garantice a las familias el compatibilizar realmente la conciliación de la vida laboral y social.
 
Tampoco hay financiación para dependencia (en el 2017 han dejado de ejecutar 44 millones de euros), ni vivienda social (un 37% menos que el anterior plan), ni financiación para que regresen las personas emigradas (2,5 millones). No existe dotación presupuestaria para terminar con la discriminación (brecha salarial) de género, como tampoco aparece dicha dotación para luchar contra la violencia de género.
 
El Gasto Público continúa 5 puntos porcentuales por debajo de la media europea, y resulta "sangrante" que, cuando el PIB aumenta el 2,7%, el gasto social solamente lo haga en el 1,1%. No puede ser de otra manera pues nos encontramos con un techo de gasto inferior en 62.000 millones de euros, comparado con el 2010.
 
La reforma fiscal que ponen encima de la mesa vuelve a ser "garantía" de que el Impuesto de Sociedades (es decir, el impuesto sobre los beneficios de las empresas financieras e industriales o de servicios) seguirá decayendo a cuotas de menos del 50% sobre lo que pagaban en el 2008 y la bajada de impuestos que anuncian (hasta 17.000
euros), cuanto menos es un "chiste", pues no se puede reducir impuestos a la gente que no gana dinero (las personas paradas suponen el 16,5% de toda la población activa y solamente perciben prestaciones el 52% de las mismas) o se encuentra con salarios disminuidos y devaluados, como casi 13 millones de personas asalariadas con salarios entre 12.000 a 14.000 euros anuales.
 
Y además siguen con el "chantaje" del 155 que tan bien les ha venido a las burguesías nacionalistas (PNV y Convergencia) y a las "españolistas" (PP, C's, PSOE), para ocultar unos y otros sus vergüenzas, no sólo en las corrupciones en que andan metidos, sino fundamentalmente en las políticas antisociales y de vaciamiento de derechos que llevan aplicando y ejecutando en toda la población del estado español.
 
Las personas asalariadas, paradas, mujeres, pensionistas, jóvenes… tenemos que dejar de ser súbditas. Pensar que tenemos derechos: sociales, laborales, civiles y, como se ha demostrado en la huelga feminista del 8 de marzo y en las movilizaciones de las personas pensionistas, los derechos se conquistan en la calle y, las migajas, ni tan siquiera para los "perros de los amos".