La causa fue abierta después de que tres empleados de Tecnocom -mercantil responsable del mantenimiento informático del supervisor– denunciaran llevar más de 20 años desplazados al Banco de España y estar dedicados en exclusiva a trabajar en el organismo público. Los tres demandaron tanto a su empresa como a la entidad financiera por entender que ambas han incurrido en una situación de cesión ilegal de trabajadores, regulado por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.
Los asalariados están encargados del mantenimiento de los equipos informáticos del organismo financiero y disponen de direcciones de correo de la entidad, tarjetas de acceso y pases de aparcamiento como otros funcionarios. Durante la primera sesión de la vista oral celebrada ayer, sus abogados, Ismael Franco y Paloma del Amo, aseguraron que los tres se distribuyen el trabajo junto al resto de empleados públicos y que las órdenes de tareas diarias que tienen que desempeñar las reciben directamente de los responsables del supervisor a través de una intranet que se dirige indistintamente tanto a los funcionarios como a los subcontratados por la entidad, los demandantes. Según reiteraron en la vista, los tres solicitan pasar a formar parte de la plantilla del Banco de España como personal fijo, cosa que ocurriría en caso de que el Juzgado finalmente fallara a su favor.
La asesoría jurídica del supervisor, por su parte, admitió que los trabajadores de Tecnocom llevan a cabo su tarea en la sede del Banco de España, pero matizó que lo hacen de forma diferenciada del resto de personal de la entidad. En concreto, señaló que las tarjetas de acceso y de 'parking' son diferentes para los empleados públicos que para los externos, que las direcciones de correo del personal ajeno a la entidad incluyen una equis que les distingue y que los horarios también distan entre uno y otro grupo. Sobre este último punto, la representante legal del Banco de España explicó que los trabajadores de Tecnocom tienen turnos diferentes a los empleados públicos y trabajan noches y fines de semana, mientras el personal dependiente del supervisor trabaja únicamente de lunes a jueves y en horario de día.
El abogado de Tecnocom, Gregorio Nevado, socio de Garrigues, por su parte, argumentó que el servicio de mantenimiento informático que presta la mercantil se lleva a cabo en las instalaciones del Banco de España "por razones de seguridad". No en vano, argumentó, se trata de la "institución financiera que representa el epicentro del sistema bancario del país" y no puede llegar alguien con un ordenador de fuera y conectarlo ahí como si nada. Prestar el servicio allí, por lo tanto, "responde a las necesidad concretas" de la instalación, añadió.
El trasfondo jurídico que, como indicó el propio titular del Juzgado, será clave para determinar la existencia de cesión ilegal de trabajadores, sin embargo, es el denominado buzón interdepartamental -la mencionada intranet- que se utiliza para distribuir el trabajo. El funcionamiento de este mecanismo centró gran parte del juicio, ya que, según los denunciantes, por ahí llegan las órdenes de trabajo indistintamente a los empleados públicos o a los informáticos de Tecnocom, lo que podría dar a entender que ambos grupos realizan tareas similares. La defensa, de hecho, negó que esto fuera como describieron los demandantes y señaló que este buzón es solo parte del trabajo que tienen que hacer los empleados de Tecnocom.
Este buzón interdepartamental, de hecho, es uno de los aspectos que el magistrado quiere comprobar a través del reconocimiento judicial 'in situ' que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre y que representa una iniciativa poco común en los juzgados de lo social.
Los tres denunciantes argumentaron también que en todo el tiempo que llevan trabajando en el Banco de España pero a nómina de Tecnocom solo han recibido un curso de formación de esta última mercantil. Todos los demás han sido impartidos por el propio organismo supervisor. Este extremo fue respondido por el representante de Tecnocom, que argumentó que hay multitud de cursos disponibles que imparte la empresa subcontratada, y que si ellos no han hecho ninguno, ha sido porque no han querido.
El conflicto procesal entre estos empleados y el Banco de España está siendo mirado con mucha atención por otros trabajadores de la entidad que se encuentran en situación similar, prestando sus servicios en el organismo pero bajo el paraguas de un contrato laboral firmado con otra empresa externa. El propio magistrado que ha presidido la vista ha destacado las consecuencias que una sentencia favorable a los trabajadores tendría para la entidad financiera, que se tornan de hecho imprevisibles.
La primera sesión del juicio se celebró el pasado viernes después de ser retrasada un año por el Juzgado en diciembre de 2014. Entonces, el magistrado responsable del Juzgado trató sin éxito durante cinco horas de que ambas partes llegaran a un acuerdo antes de posponer la vista. El viernes, el juez intentó de nuevo conciliar durante las dos primeras horas, aunque tampoco lo consiguió, y decidió comenzar el proceso, que concluyó con la decisión del titular del Juzgado de llevar a cabo el mencionado reconocimiento judicial en las instalaciones del Banco de España. Allí, el juez recibirá una explicación de cómo se utilizan las herramientas informáticas con el fin de determinar si realmente hubo cesión ilegal. Posteriormente, el día 22, la sala tomará declaración a los testigos y concluirá previsiblemente el juicio, en el que presumiblemente prestarán testimonio varios directivos de la entidad financiera.
Interesante documento. Hay que estar atentos del desenlace final pues creará precedente.
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