El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) es una fundación pública (paritaria con representación de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT) cuya principal finalidad es evitar que los empresarios y trabajadores lleguen a los tribunales.
Justo eso es lo que ha acabado pasando en su propia casa debido a un conflicto con uno de sus trabajadores, que denunció a la fundación y ha ganado en primera instancia. El juzgado ha condenado a la entidad pública a ascender de categoría profesional al empleado, considerado hasta el momento "ordenanza" para que sea reconocido como "oficial 2º administrativo", según lo que marca su convenio colectivo.
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