Un delito de" atentado cualificado" contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, es lo que la Audiencia considera probado para justificar las penas. Se refiere a un acto de protesta en el que se arrojaron tartas sin intención de causar ningún daño físico, como de hecho no ocurrió. La protesta tuvo lugar en 2011 Francia, donde nadie fue juzgado. Y llegó después de años de descontento social ante proyectos como el TAV, que implica importantes impactos ambientales y sociales y que nunca se pudo debatir a nivel ciudadano.
Ecologistas en Acción expresa su preocupación ante una sentencia en la que las penas y los hechos no guardan proporción. La organización, como un porcentaje creciente de la ciudadanía, no puede evitar comparar esta sentencia con otras decisiones judiciales dadas a conocer recientemente: el Prestige y las causas por corrupción política y fraude son algunos de los ejemplos que vienen a la cabeza de la mayoría.
El contexto de persecución de las reivindicaciones sociales tiene una nueva demostración con la sentencia de hoy. Y es de temer que la tendencia se agrave sustancialmente con la nueva "Ley de Seguridad Ciudadana" que pretende cortar las protestas en vez de afrontar los problemas que las desencadenan. El objetivo obvio de esta reforma legislativa, la ley "antiprotesta", es dificultar la expresión democrática, ya que intenta acallar las vías de expresión más exitosas de las últimas movilizaciones ciudadanas.
El primer borrador pretende limitar la expresión de quienes no gozan de recursos económicos. De este modo, mientras es perfectamente legal que cualquier multinacional cubra las fachadas de lugares emblemáticos, como la Puerta del Sol, con sus mensajes, deja de serlo para quienes no pueden disponen de decenas de miles de euros. Mientras es posible la ocupación del espacio público para montar una gran estructura de promoción, no lo es para instalar tiendas de campaña en un acto reivindicativo. La propuesta legislativa también merma la expresión democrática impidiendo que se exprese el sentir ciudadano a quienes en teoría están haciendo la representación política. De este modo, se quiere prohibir la petición de responsabilidades a cargos políticos mediante escraches o que las demandas se puedan escuchar en los lugares de toma de decisiones, como el Parlamento.
Ecologistas en Acción espera que la modificación del borrador de esa ley, en el que trabaja el Ministerio de Interior, acabe con unos castigos que, como la sentencia de hoy, resultan esperpénticos e injustos.
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