Así mismo el informe recalca que es misión del Estado y no de las víctimas el investigar el lugar donde se encuentran las fosas y rescatar de las cunetas a los asesinados desde la etapa de la guerra civil. Además los relatores de la ONU denuncian todas las deficiencias de la llamada Ley de Memoria Histórica.
Se ha conseguido que no se llevará a cabo el deseo del gobierno español de que el Grupo de Desapariciones Forzadas aplicara la convención internacional a partir de 2010, fecha en la que fue firmada por el estado español. Queda meridianamente claro que los delitos contra los derechos humanos no prescriben y que, además, los delitos de desapariciones forzadas son persistentes en el tiempo hasta que se sepa el paradero de los desaparecidos. Pero aún se va más allá porque con el informe se da un tirón de orejas no solo al ejecutivo y legislativo sino que denuncia la actuación llevada a cabo por la judicatura española ante estos casos. Por eso, entre varias recomendaciones, propone la creación de una Comisión de la Verdad que pueda ayudar a encauzar los trabajos de investigación.
CGT espera poco del gobierno español respecto de las recomendaciones de las organizaciones internacionales, que no son de obligado cumplimiento. Pero sí desea que conjuntamente con las actuaciones llevadas a cabo en Argentina, donde CGT ha denunciado el uso de los presos del franquismo como esclavos para beneficio del Estado y las empresas afines, se consiga declarar al franquismo régimen sanguinario y a sus seguidores proscritos, equiparados al nazismo y prohibida la exhibición de su ideología fascista.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
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