El texto tacha de regresivo el decreto aprobado por el Ejecutivo español en agosto de 2012 que cerraba las puertas de la sanidad a los inmigrantes irregulares a excepción de niños, embarazadas y urgencias. Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, tiene claro que esta evaluación considera la ley española contraria al derecho europeo: "No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno]", afirma.
España es uno de los 43 países europeos que han firmado la Carta Social Europea, que recoge el derecho a la salud y que el comité encargado de interpretarlo extiende a todos los ciudadanos, con independencia de su estatus legal. El Ejecutivo español considera que, al dar acceso a las urgencias, el derecho queda salvaguardado. Pierre Verbeeren, director general de Médicos del Mundo en Bélgica, lo niega. "Las urgencias no bastan para garantizar el derecho porque, además, cada país tiene una concepción distinta sobre qué es una urgencia", argumenta.
Este experto lamenta el retroceso que se ha producido en España, que la sitúa al lado de países como Reino Unido, Alemania o Grecia, también restrictivos con las prestaciones sanitarias a los extranjeros irregulares. Verbeeren niega que estos movimientos obedezcan solo a necesidades económicas porque, además, el coste del tratamiento en urgencias acaba siendo superior al de la atención primaria. "Alemania no está afectada por la crisis y también lo ha hecho. A veces se utiliza la crisis como pretexto", cierra.
El Consejo de Europa cita a otros países que incumplen la obligación sanitaria en lo que concierne a los extranjeros. Son Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Lituania, Letonia y Macedonia. La larga lista demuestra que los Estados se arriesgan a legislar de modo restrictivo pese a saber que sus decisiones contravienen el acervo europeo. El motivo es que el Comité de Derechos Sociales carece de mecanismos que penalicen estas conductas. La vía para hacer valer estos derechos resulta lenta y laboriosa; suele pasar por presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el brazo judicial de esta institución europea. Así ocurrió con Médicos del Mundo, que ganó al Estado francés un caso de estas características.
Técnicamente, el Consejo de Europa no ha podido tildar de incumplimiento el decreto español porque se adoptó en 2012, fuera del periodo analizado (entre 2008 y 2011). Sin embargo, advierte de que, de persistir la ley, se considerará una violación de los derechos sociales en Europa.
Además de la sanidad a los extranjeros, el organismo con sede en Estrasburgo reprocha a España otras carencias sociales. Entre ellas, la baja cuantía de la renta de inserción que se ofrece a personas sin recursos, que apenas supera los 400 euros al mes. Solo el País Vasco y Navarra cuentan con prestaciones aceptables. Tampoco llega al mínimo la cobertura económica de la baja por enfermedad, considerada "manifiestamente inadecuada".
Más allá de España, la evaluación general del continente constata un nivel de incumplimientos muy superior al de otros años. "Las cifras han empeorado mucho. Para nosotros, es una fuente de gran preocupación. Los derechos sociales deben protegerse", subraya Colm O'Cinneide, responsable del informe de 2013.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad afirma que, en verdad, el Consejo de Europa "alude más al tiempo que pasa hasta que un extranjero es regularizado", informa Emilio de Benito. Además, insiste en que "la cobertura que tienen los inmigrantes en España es de las más amplias de Europa, ya que incluye las urgencias, toda la atención a menores, y los cuidados en el embarazo". Aparte de eso, "se cubren los temas de salud pública [enfermedades contagiosas], como la tuberculosis, y todos tienen garantizados por las comunidades la atención de otros procesos dentro de sus competencias". Por eso Sanidad, como ha hecho desde que hace más de año y medio se recortara la atención a los extranjeros sin papeles, insiste en que "una cosa es que no tengan tarjeta sanitaria, y otra que no se les esté atendiendo".
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