El Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que las empresas podrán vigilar con cámaras a sus empleados sin informarles del fin concreto, en una sentencia que cambia su doctrina y aclara el uso de videocámaras en la empresa.
En una sentencia que se notificó ayer, el TC responde a la demanda de amparo de una empleada de Bershka que fue despedida por haberse apropiado de efectivo en la caja, lo que la empresa sustentó en unas grabaciones de una cámara de videovigilancia de la que no se informó a los trabajadores, si bien en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo.
En esta sentencia, el Constitucional ha determinado una excepción a la exigencia de requerir el consentimiento del trabajador para la grabación del empleado toda vez que las cámaras instaladas pretendían contribuir a la seguridad y el control laboral, permitiendo el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores la vigilancia y el control empresarial para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, si bien debiéndose guardar la debida consideración a la dignidad.
En cuanto a la ausencia de información a los trabajadores de su instalación, establece que en contra del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la validez de las imágenes captadas mediante videocámara sin tal información requerirá un análisis caso por caso. Aquí se tiene en cuenta que se había ubicado un distintivo visible que advertía de la existencia de la cámara.
Román Gil, socio de Sagardoy, señala: "Lo importante será determinar si el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato, porque sólo en este último caso es necesario solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados".
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