Los acusados han sido declarados culpables de numerosos delitos: constitución de banda criminal, violencia sobre las fuerzas de orden público con consecuencias de muerte premeditada y mutilación de cadáveres.
Guardar las formas
El estado marroquí, consciente de la presión internacional sobre este juicio, ha intentado guardar las formas en dos aspectos: sustituir la pena de muerte por la de cadena perpetua, para evitar la condena internacional, y permitir la presencia de observadores internacionales y las intervenciones de los acusados y sus abogados sin trabas aparentes.
Con ello ha pretendido convertir un juicio amañado y político en un juicio justo "marcado por el respeto a los procedimientos legales" como afirma el oficial Consejo Nacional de derechos humanos, organismo creado por el rey.
Un juicio viciado desde el principio
El que civiles sean juzgados por un tribunal militar en Rabat, marca ya desde el principio la ilegalidad de este juicio. La mayoría de los acusados han asegurado haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos en distintos momentos de sus dos años de detención preventiva, habiendo sido coaccionados para firmar sus declaraciones. Todas estas denuncias de torturas y coacciones no han tenido ninguna investigación.
Según Amnistía Internacional "El juicio de civiles ante un tribunal militar no cumple las normas internacionalmente reconocidas de justicia procesal. Las denuncias de tortura a detenidos deben ser investigadas, y toda prueba obtenida mediante tortura debe ser rechazada por el tribunal".
La instrucción del sumario ha sido preparada por la policía. Ninguna prueba concreta ni testimonio ha sido presentada en el juicio. La mayoría de los acusados son miembros de organizaciones de la sociedad civil saharaui y activistas políticos saharauis, lo que resalta el carácter político del juicio.
Ninguna investigación oficial ha sido abierta sobre la muerte de dos saharauis en los mismos acontecimientos, muertes reconocidas por las propias autoridades marroquíes, pudiendo haber sido más. Tampoco se ha abierto ninguna investigación independiente e imparcial sobre los sucesos de Gdeim Iziken, después de dos años.
El campamento de Gdeim Iziken
El 8 de noviembre de 2010, la violencia estalló cuando las fuerzas de seguridad marroquíes trataron de desmantelar el campamento de protesta de Gdeim Iziken, a unos kilómetros al este de la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, y expulsar por la fuerza a sus ocupantes.
El campamento de Gdeim Iziken había sido montado a principios de octubre por saharauis que protestaban contra la marginación de que se sentían objeto y que pedían empleos y viviendas adecuadas, llegando a reunir a cerca de 20.000 personas.
Unos 200 saharauis fueron detenidos por las fuerzas de seguridad durante el desmantelamiento del campamento y los días siguientes. En diciembre se practicaron más detenciones. Finalmente, la mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad, salvo los 24 que acaban de ser juzgados.
Lista de los condenados
- 8 condenados a cadena perpetua (Ahmed Sbaï, Sidi Abdeljalil Laâroussi, Abdallah Lakhfaouni, Mohamed El Bachir Boutingiza, Brahim Ismaïli, Sid Ahmed Lamjayed, Mohamed Bani, Sidi Abdallah Abman). También ha sido condenado a cadena perpetua Hassana Aâlia en busca y captura.
- 4 condenados a 30 años de prisión firme (Enaâma Asfari, Cheikh Banga, Hassan Dah, Mohamed Bourial).
- 7 condenados a 25 años de prisión firme (Deich Eddaf, Mohamed Lamine Haddi, Mohamed Mbarek Lefkir, Mohamed Khouna Babait, El Bakai Laarabi, Elhoucine Ezzaoui, Abdallah Toubali).
- 2 condenados a 20 años de prisión firme (Khadda El bachir, Mohamed Tahlil).
- 3 condenados a la duración ya pasada en prisión, dos años (Abderrahmane Zayou, Taki Elmachdoufi et Mohamed El Ayoubi que estaba ya en libertad provisional por razones de salud).
Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT
No hay comentarios:
Publicar un comentario