En el expediente consta como es el sr. Mohamed bin Rashid al Maktoum, a la sazón jeque y primer ministro de los Emiratos Árabes, quien envía desde Abu Dhabi dos ferraris, cuyo valor de mercado es de 500.000 euros. La legislación tributaria española obliga a los receptores de este tipo de dádivas a declararlas en el IPRF y abonar a Hacienda el impuesto correspondiente por la importación del vehículo. Según fuentes parlamentarias, el jeque Mohamed bin Rashid al Maktoum se negó a abonar dicho impuesto y alegó que debía ser el destinatario del regalo el que lo sufragara, toda vez que era la única cantidad que debía satisfacer por el costoso envío. Pero Casa Real no admitió tal obligación, alegó que los ferraris eran de Patrimonio Nacional y dio órdenes para que se retiraran sin pagar de la zona de aduanas del aeropuerto de Barajas (Madrid), toda vez que los dos vehículos llegaron en avión.
Los trabajadores de Barajas no se explican como pudo Casa Real retirar los dos ferraris de la aduana sin satisfacer los impuestos, algo que está contrastado porque al menos dos grupos parlamentarios poseen una copia de la declaración fiscal complementaria que se elaboró al respecto, así como la reclamación del pago por la vía ejecutiva. A cualquier ciudadano le es imposible retirar de la aduana de Barajas cualquier producto de importación si antes no se ha satisfecho el pago de los impuestos del mismo, pero alguien "de arriba", según estas mismas fuentes, dio la orden para que los dos ferraris se recogieran en el aeropuerto y se llevaran a la Zarzuela sin sufragar ningún pago o promesa del mismo. Policías, inspectores de aduanas, funcionarios de Hacienda y trabajadores del recinto tuvieron que doblegarse ante las severas instrucciones recibidas por un alto funcionario que dejó además un documento escrito al respecto.
Aunque la documentación del "caso de los ferraris" del rey es pública y contiene un voluminoso conjunto de papeles oficiales con todos los impresos que una importación tan lujosa acarrea, ningún grupo parlamentario de los que componen las dos cámaras (PP, PSOE, IU, CiU, PNV, UPyD) solicitó explicación alguna cuando estalló el escándalo, no solo en España sino a nivel internacional. Entonces, Izquierda Unida fue el único partido que se limitó a realizar una inocente pregunta por escrito, la forma de control parlamentario más benigna para el Gobierno, toda vez que no obliga a explicación oral o comparecencia parlamentaria alguna y puede dilatarse meses en la respuesta. Obviamente, la Casa Real, a través del Ministerio de la Presidencia, respondió con una serie de vaguedades e incluso insolencias, pues alegó que ni pensaba venderlos para paliar el déficit público ni destinarlos a un Museo para disfrute de todos los ciudadanos: "las posibles reformas normativas e iniciativas de distinta índole a las que alude Su Señoría no están incluidas entre los compromisos asumidos por el Gobierno", le replicó a Cayo Lara.
Este diputado, lejos de molestarse por el desplante, ni solicitó comisión de investigación alguna, ni obligó a comparecer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro o a la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría (la responsable de los gastos de la Casa Real), ni formuló ninguna pregunta en el pleno del Congreso o en alguna de las numerosas comisiones del Congreso o del Senado. La Casa Real y el Gobierno, en complicidad con la oposición, se limitaron a esperar a que "pasara el chaparrón", en palabras de un diputado monárquico socialista, que pronosticó que "ni IU ni UPyD harán sangre del tema y el tiempo confirmará lo que digo". Y en efecto, un año después, el tiempo le ha dado la razón: los dos ferraris fueron retirados de Barajas sin pagar un euro, ante la estupefacción de las decenas de trabajadores del aeropuerto que fueron testigos del abuso y el silencio cómplice de los 350 diputados y 265 senadores cuyos sueldos pagan todos los ciudadanos.
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