El Ministerio de Empleo ha aprovechado el Real Decreto Ley relativo a la cotización de los trabajadores a tiempo parcial para introducir esta precisión, coincidiendo con el balance realizado del primer año de la reforma laboral.
Por otro lado, el Gobierno también ha decidido limitar a 13 el número de representantes de cada una de las partes que integrarán las comisiones negociadoras en el periodo de consultas de los expedientes de despido colectivo, en coherencia con el número de miembros de la comisión negociadora del convenio colectivo de empresa.
Además, se establece que la consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento.
Asimismo, se establece una fase previa al inicio del periodo de consultas para que se pueda constituir antes la comisión representativa de los trabajadores, en orden a que no se consuman días de negociación a tales efectos. En concreto, serán siete días cuando haya representantes legales de los trabajadores en todos los centros de trabajo y 15 días cuando no sea así.
En el caso de que las sentencias de despido colectivo sean declaradas nulas, éstas serán directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimiento individuales y se tipifica como infracción grave el incumplimiento por parte del empresario de la obligación de comunicar a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las medidas de despido colectivo y de suspensión de contratos o de reducción de jornada adoptadas.
Por otro lado, se modifica también algún aspecto del régimen procesal del despido colectivo para otorgar un mayor espacio a la demanda colectiva presentada por los representantes de los trabajadores. En la práctica, supone priorizar las demandas colectivas sobre las individuales, de forma que el procedimiento individual queda relegado a los supuestos excepcionales no resueltos en el proceso colectivo.
Los parados pueden viajar al extranjero
En la misma línea, el Gobierno ha reformulado con rango de Ley los requisitos ya existentes para los perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo que salen al extranjero dando mayor certidumbre y seguridad jurídica a los beneficiarios.
Así, los demandantes de empleo verán suspendida su prestación por desempleo durante un periodo de 90 días si viajan al extranjero para buscar empleo o formación, y podrán ausentarse por asuntos propios durante 15 días sin perderla.
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