Asegura la CEOE que durante los últimos años se han llevado a cabo importantes reformas, especialmente a partir de 2012 -este año se aprobó la reforma laboral- y que "ahora estamos ante un escenario diferente, con crecimiento económico, recuperación de la posición de las empresas y creación de empleo. "Si se quiere seguir avanzando en esta línea, es necesario mejorar la competitividad de las empresas, para lo que es imprescindible -dice- que la legislación española se mueva en una doble línea: seguridad jurídica y flexibilidad".
Explica que sobre "estas grandes ideas hay que seguir avanzando por la vía de las medidas concretas, que produzcan efecto inmediato y que puedan ser evaluadas rápidamente para conocer su eficacia, por lo que se proponen". Y todo ello, "apostando claramente por el diálogo social para su implementación, especialmente en el ámbito de la negociación colectiva".
Afirma la CEOE que sigue existiendo una amplia y creciente variedad de modelos de registro de contratos en los servicios públicos de empleo y piensa que lo importante no es la existencia de esas modalidades de contratación sino que "sean flexibles, universales en su aplicación, permanentes en el tiempo y que favorezcan la estabilidad en el empleo". En su opinión, "la complejidad en la contratación y la multiplicidad de bonificaciones está limitando el potencial de su uso, siendo cuestionable su eficacia".
Especial mención realiza la patronal a los jóvenes. Dice que son un colectivo que sigue teniendo importantes problemas de inserción en el mercado de trabajo y, por ello, defiende un nuevo contrato laboral vinculado a esa inserción y a la formación, ya sea indefinido o temporal (tres años). La peculiaridad es que abre la posibilidad de que el salario sea inferior al del convenio de aplicación y la indemnización por cualquier tipo de despido de 12 días de salario por año trabajado.
La patronal propone altas dosis de flexibilidad para los contratos temporales causales, que pretende descausalizar. Así en el de obra y servicio propone eliminar la duración máxima de tres años y pactar cualquier duración por convenio. También es partidario de eliminar la conversión del contrato temporal en fijo cuando pasen 24 meses y crear un contrato específico para las empresas de trabajo temporal.
El documento también hace referencia a la rebaja de cotizaciones sociales. Argumenta la organización empresarial que la cuantía total de bonificaciones a la Seguridad Social, cuya eficacia, dice, es cuestionable, ha supuesto, según la liquidación provisional de 2014, 1.289,59 millones. Y que, de acuerdo con los datos que figuran en el presupuesto de 2015, la reducción de dos puntos en el régimen general significaría 5.480 millones de euros.
La políticas activas de empleo tienen capítulo propio. Asegura el texto que, en combinación con las pasivas, "están dando un resultado muy limitado en relación con la inversión realizada". Aprovecha esta crítica la patronal para plantear una reforma integral del sistema de desempleo, que afecta tanto a los requisitos de acceso como a las coberturas.
Una prestación "ad hoc"
Así, por ejemplo, pide que se vinculen políticas activas y pasivas, de forma que se relaciones la mejora de la empleabilidad con la búsqueda activa de empleo. También plantea reformar el sistema de cobertura del desempleo, viculando la prestación al proceso de empleabilidad diseñado para cada persona y reducir las posibilidades de que los perceptores de prestaciones puedan rechazar una oferta de empleo adecuada, además de mayor compatibilidad de la percepción de los sub sidios con prestaciones salariales del trabajo. Reclama además la elaboración de un mapa de prestaciones para conocer el cruce de ayudas sociales entre distintas administraciones públicas.
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