El fallo, que da la razón a los sindicatos CIC, CGT y el balear SIB, supone, según cálculos de las plataformas, que la entidad catalana deberá pagar unos 10 millones de euros adicionales al conjunto de sus empleados.
La sentencia deriva de la doble batalla que rodeó la firma del último convenio de cajas, acordado por CCOO, UGT y Csica con la patronal Acarl el pasado verano. De un lado, porque se selló con la oposición de los sindicatos minoritarios. De otro, por el año y medio de duras negociaciones entre las partes firmantes en el que se mantuvo vigente el acuerdo anterior.
Así, durante los meses previos a la firma, como parte del proceso de diálogo abierto para destensar una situación especialmente delicada por la pretensión patronal de liberalizar el horario de tarde de las antiguas cajas, se llegó a un acuerdo provisional sobre el plus que el sector abonaba a toda la plantilla.
El convenio entonces vigente por ultractividad, inicialmente ideado para el periodo 2011 a 2014, recogía el abono de un complemento salarial anual para todos los empleados del ramo a pagar en el primer trimestre de cada ejercicio. Estaba compuesto por un fijo de más de 300 euros más un plus variable en función de la categoría de cada empleado, de entre 217,75 y 647,51 euros.
Las cajas buscaban eliminar este extra en 2016, congelar el lineal para los siguientes años y ligar el variable a la rentabilidad de cada entidad. Tras un intenso tira y afloja, y a fin de acercar posturas de cara a consensuar un convenio, las partes acordaron dejar en suspenso el pago del plus variable de aquel año hasta la firma del convenio.
El nuevo acuerdo laboral, alcanzado el 30 de junio y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de agosto, cuando entró en vigor, estableció que "excepcionalmente durante el año 2016 únicamente se abonará la parte fija del plus convenio, no abonándose cantidad alguna en concepto de parte variable, teniendo por tanto esta previsión efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2016 y eficacia plena desde la firma del presente convenio colectivo".
Es decir, eliminaba el plus que se había dejado en suspenso durante la negociación. La medida reafirmó en su negativa a firmar el nuevo convenio a otros tres sindicatos, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo, la CGT y el balear SIB. Los tres, críticos con los sindicatos firmantes, recurrieron ante la justicia la aplicación que hizo CaixaBank de este apartado del nuevo convenio. La Audiencia Nacional les da la razón.
"Declaramos el derecho de los trabajadores afectados a que le sea abonada la parte variable consolidada y generada, entre el 1 de enero al 12 de agosto de 2016", expone el tribunal en su fallo, alegando que hasta entonces estaba en vigor el convenio anterior, que recogía el plus, y que este solo puede verse restringido por el nuevo marco laboral a partir de la entrada en vigor de este, es decir, desde el pasado agosto, no pudiendo cercenarse su abono retroactivamente.
Desde los sindicatos estiman que este fallo puede suponer unos 300 euros de media para cada empleado de CaixaBank. La entidad, que cuenta con la mayor plantilla del sector financiero en toda España, con más de 32.000 trabajadores, afronta por tanto el abono de casi 10 millones de euros a su plantilla para compensar las siete doceavas partes pendientes del plus de 2016.
Más allá, desde la CIC avanzan que su intención es impugnar el artículo 43 del convenio en base a este fallo y reclamar el pago del plus a todas las cajas. CaixaBank, no obstante, tiene previsto recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo en defensa de un pacto sellado con los sindicatos mayoritarios.
Fuentes bancarias critican, a su vez, que el fallo pone en duda todos los efectos retroactivos de los convenios, como ocurriría con un alza salarial, aunque en el convenio de cajas se congelaron las retribuciones hasta 2017.
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