Desde la CGT hemos combatido, y lo seguiremos haciendo, las políticas que han llevado a cabo en el gobierno de la Generalitat algunas de las encausadas y los partidos que representan. Hemos sufrido operaciones represivas orquestadas desde sus consejerías y certificamos como algunos de estos partidos han perseguido la protesta social pidiendo el máximo de penas posibles en hechos como Paremos el Parlamento.
Quizá por eso tenemos suficiente perspectiva como para ser conscientes de que esto no va ni de personas ni de historiales de unos y otros. Esto de criminalización del derecho de protesta y de la organización política y social. De rearme represivo del Estado. La criba aplicado en este nuevo juicio político será el precedente sobre el que el Estado reforzará su brutalidad en procesos futuros, que nos afectarán a todas, normalizando la aplicación de la máxima represión posible a todo el mundo que actúe coordinadamente contra sus intereses.
La deriva punitiva, siempre presente, se está acentuando y consolidando. Los y las jóvenes de Altsasu, los cientos de miles de multas de la ley Mordaza, la violencia policial, las operaciones contra el movimiento libertario, las personas que han tenido que irse del país para evitar revancha o montajes policiales.
Y sí, los y las encausadas de Sabadell por explosivos que no existen, bombas que no han estallado y un terrorismo que actualmente sólo está presente en forma de criminales desahucios contra decenas de miles de familias de la clase trabajadora. Constatamos también que los partidos políticos ignoran conscientemente estos encarcelados y estas represiones, mostrando lo que algunos entienden por solidaridad de primera y de segunda.
Como ante la brutalidad del 1 de octubre, como a los diferentes montajes policiales, como cada vez que resistimos las porras de Guardia Civil, Mossos de escuadra, Policía Nacional. Contra su represión y rearme legal contra la población, la respuesta es siempre en la calle y la autoorganización popular.
Secretariado Permanente de CGT-Catalunya
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