El pasado 31 de mayo entró en vigor la denominada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas, que devuelve a nuestro litoral a la situación de desprotección anterior a 1988 y que regularizará, de una forma u otra, a más de 150.000 viviendas, 1700 industrias, hoteles en plena playa, marinas y puertos deportivos privados, reabriendo la veda a una nueva re-urbanización del litoral español.
La nueva Ley de costas concede a los Ayuntamientos la potestad de legalizar las urbanizaciones en la zona de servidumbre de protección, mediante la reducción de la misma de 100 a 20 metros.
Prorroga hasta 75 años las concesiones en terrenos públicos, permitiendo su inscripción registral y transmisión "inter vivos" o "mortis causa". También se excluyen con absoluta arbitrariedad 3400 viviendas ubicadas en el DPM-T de 12 núcleos poblacionales.
Se permite la realización a los propietarios de obras de defensa frente a la inundación o avance dunar natural. En los tramos urbanos podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística.
La CGT declara que el trasfondo de esta Ley no es otro que el seguir apostando por un modelo económico y territorial, la especulación urbanística y financiera, que ha enriquecido mucho a unos pocos y ha empobrecido al conjunto de la ciudadanía.
Nos encontramos ante una evidente involución normativa que va a suponer una pérdida colectiva de un patrimonio natural y de un bien común, en beneficio de una clase privilegiada que son los únicos a los que este Gobierno pretende representar.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
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