Es ésta una jornada conmemorativa, pero también es una jornada de acción para defender la salud y la seguridad en el trabajo. La CGT considera que la vida, salud y bienestar, es un derecho esencial en cualquier modelo económico y político, de tal manera que el riesgo sobre la salud es evitable.
La declaración de los Derechos Universales de NNUU de 1948, proclama el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna, como derechos fundamentales o inalienables de todos los seres humanos.
Pero CGT plantea que no existe esa igualdad proclamada constitucionalmente. La desigualdad de trato para las personas asalariadas, la mayoría de la sociedad, se convierte en norma en estos tiempos de estafa económica y social. Los seres humanos no tienen un tratamiento igualatorio para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a todos y todas.
La salida a la "crisis económica" se está haciendo sobre una mayor precarización de las condiciones de empleo y, a la vez, sobre las condiciones de vida al desproteger a la clase trabajadora de servicios públicos esenciales para una buena salud: prestaciones de desempleo, rentas básicas que aseguren un mínimo vital, vivienda y hábitat accesible con elementos esenciales (agua, energía eléctrica, etc.), acceso a cuidados y sanidad suficiente y eficiente, a la vez que educación libre y de calidad.
Una persona trabajadora, donde la temporalidad de su contrato es una característica y el contrato a tiempo completo y fijo se ha convertido en una anomalía, es un trabajador o trabajadora más vulnerable, que ocupa con mayor frecuencia un puesto de trabajo con peores condiciones, y que "con tal de trabajar" se ve impelido a "tragar con lo que sea". Su capacidad para ejercer su derecho de protección a la salud, se ve disminuida, cuando no anulada.
Los colectivos más vulnerables a los efectos de la crisis son los trabajadores y trabajadoras jóvenes nacidos en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, que nunca han sufrido una coyuntura económica como la actual. No están acostumbrados a vivir bajo presión y muy sensibles a la conciliación de la vida laboral, social y familiar, se ven inmersos en la perplejidad de un "sin futuro y sin dinero". Disociaciones, agresividad, ansiedad, depresiones...
Los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes, generalmente en puestos de baja cualificación profesional, con contratos temporales o simplemente sin contrato, en paro fundamentalmente y con "rechazo latente". Carecen de una red familiar y social, al estar lejos de su país, que les aporte apoyo emocional, ayuda y asistencia tanto en lo emocional como en lo no emocional. Y negado su derecho fundamental a la libre circulación y a la asistencia sanitaria, sus niveles de salud se degradan integralmente.
Los trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años, y en especial los que están cerca de la jubilación. La posibilidad de perder el empleo y la certeza de no volver a ingresar al mercado de trabajo, si se pierde el empleo, hace aparecer consecuencias derivadas de esta pérdida, salud mental, ansiedad, depresiones, disociación, etc. y a la vez, las consecuencias derivadas en un descenso en las cotizaciones sociales y por tanto en la consiguiente pensión. Perciben y viven la realidad como una amenaza, paralizando su voluntad.
La desigualdad de trato ha empeorado dramáticamente en el estado español con las políticas "anticrisis" de los gobiernos y los poderosos. Las personas trabajadoras y humildes son cada vez más pobres y las personas ricas y poderosas, menos del 10% de la población del estado español, no han notado "sus crisis" y han trasladado a la mayoría de la población una peor salud laboral, social y mental.
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