Según consta en el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, los responsables de las pesquisas han determinado que al menos uno de los tres funcionarios presuntamente involucrados en la trama desvelada por este diario habría maniobrado para alterar los pliegos de condiciones de las licitaciones de las europeas y las municipales para favorecer a una empresa, Base 100 SA, en la que trabaja un familiar de primer grado y en la que él mismo podría tener intereses comerciales.
El funcionario en cuestión responde a las iniciales L.F.P.G. y hasta el pasado mayo ejercía como vocal asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerio, un cargo que le permitía influir en la redacción de los pliegos y orientar la selección de las compañías candidatas. Además, también han sido cesados dos subdirectores generales del Ministerio que no supervisaron con la diligencia exigida los concursos en los que se habrían producido las irregularidades.
El escándalo saltó tras detectar que el principal acusado había remitido a la multinacional tecnológica francesa Atos los pliegos de condiciones del recuento de las generales antes de que fueran públicos con el objetivo de que esa compañía llegara a una alianza con Base 100, de menor tamaño, para concurrir conjuntamente a la licitación. El fraude se detectó a tiempo y los pliegos se redactaron de nuevo.
Fraude en las europeas
Pero los investigadores de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad que han realizado la información reservada han descubierto que la trama sí habría logrado su propósito en comicios anteriores, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. La Fiscalía también está al corriente de esas otras irregularidades.
Por un lado, las pesquisas han detectado que, en el concurso de las últimas elecciones europeas, la adjudicación de los servicios de hosting, escrutinio y web se separaron en tres lotes distintos a diferencia de lo que había ocurrido en las europeas anteriores. La medida no sirvió para generar ningún ahorro. Al contrario, se ha acreditado que la división de los contratos sólo sirvió para generar graves problemas de integración y coordinación entre los diferentes procesos que intervienen en el recuento electoral.
Los investigadores sospechan que el único motivo de la división del concurso era facilitar que una empresa con apenas 25 trabajadores como Base 100 tuviera opciones de arrebatar parte del negocio a gigantes tecnológicos como Indra. Y los agentes disponen de indicios para sostener esa acusación. La revisión de ese proceso ha revelado que el principal involucrado en la trama, L.F.P.G., participó en los trabajos preparatorios de redacción de los pliegos, así como en la formalización y la ejecución de los contratos y en la propia valoración de las diferentes ofertas que finalmente se presentaron.
Subcontrataciones irregulares
Formalmente, Base 100 no se llevó ninguno de los tres lotes en liza, pero los funcionarios de la Inspección han acreditado que acabó realizando trabajos encubiertos para la UTE que se impuso en el lote para la creación de la web en la que se debían publicar los datos, Vector Software Factory-Colt Techonology. El contrato ascendió a 65.511,82 euros.
Además, Base 100 logró un contrato menor que se adjudicó mediante un procedimiento negociado sin publicidad. La empresa sobre la que gira la trama fue la única que se presentó. Lo hizo con una oferta ligeramente inferior al precio máximo de la licitación. Por su parte, Indra se impuso en el lote más importante, el de escrutinio, que se adjudicó por un importe de 13.067.758 euros.
La trama también habría intervenido en el concurso para el recuento de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo, en las que se registraron graves incidencias técnicas tras el cierre de los colegios electorales. Con respecto a este proceso de adjudicación, los investigadores de la Inspección de la Secretaría de Estado de Seguridad han detectado que nuevamente se dividieron en lotes los diferentes procesos tecnológicos que debían intervenir en el recuento, sin valorar los problemas de coordinación que entrañaba esa decisión y sin que se haya demostrado que sirviera para reducir el coste total.
El proceso de escrutinio fue adjudicado otra vez a Indra por 15,7 millones de euros pero, a diferencia de en las anteriores municipales, no se incluyó en los pliegos la obligación de contabilizar la configuración de las diferentes diputaciones provinciales. El vacío tuvo que ser cubierto de forma improvisada la misma noche del 24 de mayo, provocando importantes retrasos en la publicación de los resultados.
Aliados en los concursos
Asimismo, el lote para la creación de la página web en la que se ofrecieron los datos fue ganado por Vector Software Factory, la misma empresa que subcontrató irregularmente servicios de las elecciones europeas con la firma implicada en la trama, Base 100. Los agentes sospechan que la victoria de Vector tampoco se produjo en este caso de forma limpia. En concreto, apuntan que la web fue adjudicada por procedimiento negociado sin publicidad al que fueron invitadas tres empresas: Efron Consulting, Vector y la propia Base 100. Las dos últimas fueron las únicas que llegaron a la fase final y, aunque supuestamente, Vector ofreció el mejor precio, se han detectado correos electrónicos que demostrarían que, en realidad, el trabajo fue realizado por Base 100. Así lo reconoce esta empresa en su misma página web, a pesar de que el apartado 19 del pliego establecía claramente que no estaba permitida la subcontratación en este lote.
Base 100 también se llevó otro lote de las municipales: el de "asesoramiento, tutela y soporte técnico" de los sistemas operativos empleados para el recuento. El contrato sumó 72.600 euros y fue adjudicado nuevamente mediante procedimiento negociado sin publicidad.
El mayor 'pelotazo'
La trama pretendía repetir el fraude en las generales de diciembre pero, según fuentes cercanas al caso, su objetivo en esta nueva licitación era llevarse la parte más suculenta de las que estaban en juego, la del escrutinio, que suma 9 millones de euros. Sin embargo, el amaño fue detectado antes de que fuera perpetrado.
Como informó El Confidencial, la Fiscalía tiene en su poder desde el pasado mes de julio las principales conclusiones de la información reservada que encargó el Ministerio del Interior tras descubrir que se había producido una fuga de información privilegiada y que los tres funcionarios implicados en las irregularidades podrían haber manipulado otras licitaciones, una sospecha que ya ha podido ser acreditada. El Ministerio Público deberá valorar ahora si los hechos son constitutivos de responsabilidades penales.
Más información en:
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Interior fulmina a tres funcionarios por intentar amañar el concurso de las elecciones
Sí. Atos está en todos los fregados donde hay mierda. Revolverse en la mierda es lo único que se les da bien hacer. Engreídos sin caché es lo que son.
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